Luego de varios meses de instalado el debate sobre la necesidad de un impuesto a las grandes fortunas, cuyo objetivo se centraba en financiar el gasto publico extraordinario que se lleva adelante producto de la pandemia, finalmente se presentó un proyecto en el Congreso por parte del oficialismo. El mismo busca brindar las justificaciones a esta medida de carácter extraordinario (se planea que sea por única vez) y un marco legal para encuadrar y reglamentar este impuesto.
Básicamente, están alcanzadas aquellas personas con un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos y la escala es progresiva, es decir crece, a medida que crece el monto imponible. De esta forma, una persona con un patrimonio entre 200 y 300 millones de pesos pagaría el 2% de dicho monto. Este coeficiente se incrementa hasta un tope de 3,5% a partir de una riqueza de 3 mil millones de pesos en adelante.
Por otro lado, aquellos que tengan bienes en el exterior pagaran una alícuota 50% mayor a las antes expuestas. Por ejemplo, para el caso anteriormente citado, la alícuota seria del 3%. Sin embargo, en caso de repatriar dichos bienes, este adicional se suprimirá siempre y cuando lo traído al país sea igual o superior al monto imponible.
Se adjunta el cuadro con las alícuotas y los montos imponibles:
Entre las justificaciones a esta medida se encuentra el obvio contexto social y sanitario, aunque también pesa el hecho de haber relajado la presión fiscal durante el periodo 2015-2019, sobre todo en los sectores de altos ingresos. De hecho, la recaudación para dicho periodo cayo 2,1 puntos porcentuales del PBI, mientras que el gasto se redujo en 5,4 puntos porcentuales afectando fuertemente la capacidad de maniobra del gobierno para anticipar o amortiguar crisis económicas venideras. Por otro lado, el incremento fenomenal del gasto publico para contener la caída de la actividad en el contexto de la pandemia, ha engrosado fuertemente el déficit fiscal. Esto es algo a corregir en el marco de negociaciones por la reestructuración de la deuda que tenemos con el FMI.
Algo novedoso del proyecto es que explicita en que se utilizará lo recaudado. En este sentido, un 20% se utilizará en inversión para el sector de la salud, otro 20% a subsidios a PYMES, un 20% a becas PROGRESAR, las cuales están destinadas a estudiantes; un 15% para los barrios populares en proceso de integración urbana (RENABAP) y, por último, un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad de interés público nacional.
La propuesta resurge luego de un tiempo en que pareció haber quedado en el olvido y en donde no se supo nada de la misma. De esta forma, se consolida como un intento por parte del gobierno nacional de recuperar parte de su agenda en materia económica, luego del espaldarazo que le dio la exitosa negociación de la deuda, pero también teniendo en cuenta el revés sufrido con la fallida expropiación de Vicentin.
Mas allá de estos hechos, es evidente que es necesario equilibrar las finanzas del Estado y, teniendo en cuenta nuestro sistema impositivo profundamente regresivo (pagan más los que menos tienen, en proporción a sus ingresos) no parece ser una idea descabellada en términos de justicia tributaria. Por otro lado, en términos mas pragmáticos, no hay en este momento otra fuente de posibles ingresos a la cual acudir. Por último, son numerosos los países desarrollados y en vías de desarrollo que van a explorar esta posibilidad dada la situación global vivida. Es muy claro que estos fondos, en caso de que se apruebe el proyecto, servirán para darle impulso a la economía, y por, sobre todo, tendrán un destino totalmente claro y razonable.
