Director del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN). Fueguino

En los últimos meses pocos temas han marcado de manera tan trascendental la agenda económica de nuestro país como lo hacen las negociaciones de la deuda externa. Sin embargo, el constante tire y afloje de la actual administración con los grupos más representativos de bonistas parece que de a poco se acerca a sus últimos embates pese a que se prevé una nueva prórroga para fines de agosto al tiempo límite para las negociaciones.

El día lunes, mediante una carta dirigida al Ministro Guzmán, varios grupos de acreedores importantes instaron al gobierno a no abandonar las negociaciones luego de la última oferta hecha, alegando contar con una mayoría que permitiría no arribar a un buen puerto a las negociaciones. Por otro lado, señalaron que muchas de las personas representadas por estos grupos tienen pensadas importantes inversiones en nuestro país o ya son grandes inversores, lo cual complejizaría la discusión dado que no solo se trataría del pago de la deuda externa sino también de flujos monetarios para nuestro país por fuera de dicho tema.

Esto se da en el marco, como mencioné anteriormente, de la propuesta que el gobierno considera como final y del máximo esfuerzo posible para nuestro país. Los fondos inversores plantearon una contrapropuesta que buscar obtener U$S 56,5 dólares promedio por cada lamina de U$S 100. Apenas 3 dólares por encima de la propuesta elaborada por el equipo que comanda Guzmán. Está diferencia parecerá insignificante a simple vista, pero en el agregado es obvio que representa una importante suma de dinero.

En este aspecto parece claro que el Gobierno Nacional, a priori, no tiene intenciones de negociar este aspecto señalado, aunque si pareciera estar dispuesto a rediscutir las condiciones legales del canje de bonos, lo cual podría favorecer en términos cualitativos a los acreedores.

En paralelo nuestro país tiene que negociar un nuevo acuerdo con el FMI en vistas de que el anterior celebrado en 2018 claramente no sirvió ni para contener el tipo de cambio ni para dar seguridad ante las corridas cambiarias que se suscitaron durante dicho año. Por otro lado, las condiciones de dicho préstamo no son las óptimas. Así, el Fondo es parte interesada en el acuerdo de nuestro país con los bonistas dado que, mientras mejor acuerdo realicemos en términos de sustentabilidad económica y financiera en favor de Argentina, mejor serán las condiciones para tener capacidad de pago al FMI. Es decir, en esta negociación intervienen 3 actores con intereses en pugna, en donde dos de ellos (nuestro país y FMI) pueden llegar a ser ocasionalmente aliados, por distintas motivaciones.

Más allá de las idas y vueltas, nos encontramos en un punto de cercanía a un acuerdo con los acreedores. Las diferencias en la letra chica y en los números son cada vez menores, y la postura del gobierno en catalogar a la última oferta como la final auguran una resolución en el corto plazo, es decir cerrando el acuerdo o yendo a default.

Por último, y como siempre, luego de la negociación habrá que tocar algunas variables macroeconómicas que permitan un sendero de crecimiento de las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) que den margen a las erogaciones futuras que se vayan a realizar en honrar nuestros compromisos. Esto de hecho es algo de suma preocupación en el gobierno y, la Cancillería, liderada por Felipe Solá, se ha propuesto como objetivo el crecimiento de las exportaciones en 20 mil millones de dólares anuales. Esto obviamente permitiría engrosar los flujos de dólares necesarios para hacer frente a las necesidades planteadas. El objetivo enunciado planteó la pregunta más sencilla de formular y más difícil de responder, ¿Cómo lo logramos?

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