El proyecto de ley que busca modificar ciertos aspectos de los regímenes previsionales del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación ya obtuvo media sanción en Diputados, mientras que, en el día de hoy, buscará la aprobación en el Senado.
Mucho se ha hablado en los últimos días respecto a las posibles consecuencias a lo interno del Poder Judicial, respecto a una ola de renuncias masivas y demás. Para los efectos de esta nota, solo se tocarán los aspectos de índole económica.
Entre los puntos centrales que atañen al proyecto se destacan:
- aumento en 5 años para la jubilación en los hombres, pasando de 60 a 65 de forma escalonada hasta 2025,
- para el cálculo del 82% de haber, se utiliza un promedio de las ultimas 120 remuneraciones, en lugar de utilizar el último cargo como base. Además, el monto recibido no podrá ser superior a la remuneración recibida al momento del cese. Para los jubilados del Servicio Exterior, además de estas condiciones se le añade que se pasa del 85% al 82% para el cálculo del haber,
- sube la alícuota de aportes personales del 12% al 18%, y de 11% al 18% para Servicios Exteriores
- cambia la tasa de sustitución de pensiones del 75% al 70%,
- En el caso del sistema para el Servicio Exterior, se anula el doble computo de años para acceder al régimen por prestación de servicios en destinos peligrosos o insalubres.
¿Por qué se llevan adelante estas reformas?
Desde hace años está en agenda el sistema previsional argentino y su aparente inviabilidad. Este tema no ha discriminado por color político y ha sido preocupación tanto dentro del Peronismo como de Cambiemos. El siguiente cuadro retrata la situación general del sistema:
Primero lo primero, el dato más duro: mientras que el promedio de las jubilaciones en general ronda los $21.949, el promedio de los haberes jubilatorios del Poder Judicial y del Servicio Exterior es de $272.099 y $352.798, respectivamente. Esto implica que dichos haberes son 12,4 y 16 veces mayor que el promedio general. Por otro lado, dentro de los regímenes especiales, el Poder Judicial más los Servicios en el Exterior representan el 3,5% de los beneficiarios, sin embargo, obtienen un 14,8% del gasto mensual, es decir, reciben 4 veces más de ingresos que su representación en dicha población.
Uno puede pensar que esta desigualdad puede ser explicada por la diferencia existente entre los aportes que con los que contribuye cada sector al sistema previsional. Es decir, es un razonamiento valido el pensar que los que más aportan reciban más, a pesar de quienes pensamos que tiene que haber un carácter progresivo y redistributivo dentro del seno del sistema previsional.
Sin embargo, la realidad hacia lo interno del sistema dentro del Poder Judicial y Servicios Exteriores dista mucho de encontrarse en equilibrio en términos fiscales.
Como ya se mostró en el primer cuadro, el gasto promedio mensual para las jubilaciones del Poder Judicial, a diciembre de 2019, es de $1900 millones mientras que los aportes mensuales, en promedio, son aproximadamente $1264 millones, generando un déficit mensual de $636 millones. En el caso de Servicio Exterior, el déficit ronda en $127 millones mensuales.
En este sentido, un cálculo realizado por la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso) muestra que, para que haya déficit cero en estos sectores, hay que ajustar una de las siguientes tres variables:
- Tasa de sustitución del salario, la cual se expresa como la relación entre el haber jubilatorio promedio y la remuneración promedio. En el caso del Poder Judicial, las jubilaciones, en promedio, son levemente mayores a los salarios actuales promedio. Es decir, la relación es 100,1%. Para que no exista más déficit, este número debería bajar a 66,5%. Para Servicios Exteriores debería pasar de 87,1% a 42%.
- Tasa de cotización, es decir, la suma de los aportes personales y patronales. En el caso del Poder Judicial, la sumatoria de aportes debería pasar de un 26,4% a un 39, 7% y, para Servicios Exteriores, debería ir de un 27% a un 56,1%.
- Tasa de sostenimiento, relación entre aportantes (activos) y beneficiarios (pasivos). En el caso del Poder Judicial la relación aportantes-beneficiarios debería pasar de 2,5 aportantes por cada beneficiario a 3,8. En Servicios Exteriores debería ir de 1,6 a 3,2. Sobre esta variable no hay mucho para hacer, dado que la única alternativa en estos casos es tener más personal trabajando en estos sectores, lo cual termina siendo un problema de sabana corta, soluciono un conflicto, pero me agrego otro.
El actual proyecto de ley ajusta las dos primeras, al tomar un promedio de los últimos 120 salarios en lugar del último cargo vigente (el cual suele ser de la categoría más alta dentro de la trayectoria del beneficiario en cuestión) y en el caso de personal de Servicios Exteriores, se pasa de un 85% a un 82%. Además, los aportes personales, como mencioné en anteriores párrafos, crecen 7 y 6 puntos, respectivamente.
De no aprobarse el proyecto, el cálculo de los aportes y el gasto total en estos rubros para 2020 quedan configurado de la siguiente forma:
Es decir, se parte de un déficit estimado total de $13.233 millones. En caso de aprobarse la iniciativa, el mismo se reduciría en $4320 millones, cifra nada despreciable. Esta sería la primera reforma a las jubilaciones de privilegio de carácter trascendente en los últimos años. Sin embargo, considero que, más allá de las consignas, la medida no se lleva adelante con un criterio solidario sino más bien estrictamente fiscal.
A mi entender, si se utilizara el criterio solidario, primeramente, los aportes y contribuciones deberían ser mayores al gasto previsional. Es decir, debería haber superávit en el cálculo del resultado, de forma tal que dicho excedente pueda ser utilizado para financiar jubilaciones de otros sectores.
Por otro lado, para finalizar, el criterio fiscal tampoco se salda del todo ya que no se elimina el déficit. Es decir, los números generales del Poder Judicial y el Servicio Exterior todavía siguen en rojo, por lo cual esta medida si bien desde lo simbólico es importante, desde lo solidario y lo fiscal es insuficiente. Lo novedoso de la misma radica en que el ajuste necesario para equilibrar las cuentas del Estado comienza a contemplar sectores que durante mucho tiempo lograron evitar recortes dado su poder político.
