El anuncio del gobernador Gustavo Melella este miércoles de las elecciones de Convencionales Constituyentes, generó una rauda y voraz reacción negativa entre las y los fueguinos que deberán asistir a las urnas el próximo 9 de agosto. Según estimaciones de consultoras locales, 7 de cada 10 fueguinos se expresa en contra de la reforma.
Si el proceso de llamado a elecciones de Convencionales Constituyentes ya traía un rechazo generalizado del arco político por la falta de claridad en el proceso y las constantes judicializaciones, ahora es el propio electorado el que le remarca al gobernador que la decisión de un nuevo comicio y erogación de fondos no es el camino a seguir.
Recorriendo la que coloquialmente conocemos como “calle online”, o redes sociales, los mensajes en contra de la reforma se acumulan y responden a un factor por sobre todas las cosas: el costo que representa. Se estima que las elecciones le costarán al contribuyente fueguino unos $8.000 millones de pesos, un gasto que parece cuanto menos irresponsable en la provincia más afectada por la baja del consumo y la industria nacional, que hoy opera en un déficit financiero del 16,4% (el más alto del país). Si a esto le sumamos una obra social colapsada que, como se dice comúnmente, le debe a “cada santo una vela”, escuelas con graves problemas edilicios, necesidades en el sector salud y las deudas pendientes con los municipios por la coparticipación, parecería que desde San Martín 450 no tienen las prioridades alineadas con el ciudadano de a pie.
Además del argumento económico, otros puntos que se repiten en los posteos y comentarios de la gente son la falta de consenso para llevar adelante la elección: la gran mayoría de los partidos políticos se expresaron en contra. La extensión o el universo que abarcará la reforma tampoco le queda claro a la gente: si bien son 70 los artículos pasibles de ser modificados, la línea oficial habla de “transparencia, agilidad y mirar hacia adelante” en palabras del gobernador, pero nadie sabe bien qué se quiere cambiar. Los más malpensados, entre los que podría incluirme, entiende que la reforma casualmente abre las puertas a un eventual tercer mandato de Gustavo Melella, aunque las urnas de esta elección el 9 de agosto podrían darle una muy mala sorpresa al mandatario provincial.
El mensaje del pueblo, aunque virtual, es bastante claro: hay un orden de prioridades que se necesitan del Estado y una reforma de la Carta Magna o no entra, o está muy por debajo en el listado. Educación, salud, asistencia social para los que han perdido su empleo con la baja de la actividad económica y la obra social son problemas con los que tiene que lidiar hoy el Ejecutivo.
Siempre que se toman decisiones con tan alto grado de rechazo por la sociedad, a uno que pasa tanto tiempo en contacto con el mundillo político le surge la interrogante de la realidad que perciben las y los que toman decisiones. Mientras el resto de la provincia está en una cuasi economía de guerra, desde la Provincia “se ponen a pintar el techo mientras les entra agua”.
