Con la firma del decreto N° 751/26 este miércoles, el gobernador Gustavo Melella convocó a la elección de la reforma de la Constitución Provincial. En conformidad con la Ley Provincial N° 1529, el 9 de agosto será la fecha para que las y los fueguinos sufraguen a los 15 convencionales y 8 suplentes que tendrán la tarea de modificar diversos artículos de la Carta Magna fueguina.
El gobernador, que desde sus inicios de gestión tuvo como una misión la reforma constitucional, se adelantó escasos minutos a la Legislatura Provincial que hoy tenía previsto definir con dictamen favorable de la Comisión N° 1 la derogación de la Ley que permitía dicha reforma. Entre sus fundamentos, el mandatario sostuvo que “el 9 de agosto los fueguinos y fueguinas vamos a comenzar a escribir una nueva etapa institucional. Queremos una Constitución que mire hacia adelante, que sea más transparente, más ágil y que recupere la confianza de la gente”.
Retrocediendo en el tiempo, esta Ley N° 1529 fue sancionada a finales de 2023, contando con la aprobación de los dos tercios requeridos de la Cámara. Luego, arrancó un largo proceso de discusiones y presentaciones judiciales, acompañados de pedidos de derogación, llegando al Superior Tribunal de Justicia que falló en favor del ejecutivo.
Ahora, la encrucijada está puesta en saber si hoy la Legislatura, teniendo el dictamen favorable de comisión, sanciona la derogación de la Ley N° 1529 con una nueva ley, para lo que requeriría 8 votos, que según cuentan en los pasillos de la casa legislativa, estarían. Este entrevero, que hace rato dejó de ser político y pasó a ser legal, tiene posiciones de ambos lados de la biblioteca. Mientras algunos considerando que la Legislatura tendría injerencia para derogar con otra ley, algunos plantean que la ley, estando vigente luego de su sanción en 2023, contó con un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia y luego del decreto publicado por el gobernador este miércoles haciendo el llamado a elecciones, los plazos necesarios para la derogación no podrían ser cumplidos. Incluso, el gobernador tendría una herramienta más para dilatar la cuestión hasta la fecha pactada: el veto a la nueva ley posible, que obligaría a conseguir 10 votos para la insistencia.
En vistas de lo que será un nuevo proceso de judicialización, que ya nos pinta un panorama de incertidumbre y disputa desde el arco político para la reforma, dilapidando buena parte de las relaciones políticas del Ejecutivo con el resto de los espacios. Lo que queda claro, es que las y los fueguinos, una vez terminado el mundial, tendremos que volver a pasar por las urnas.
