Director del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN). Fueguino

El Ministerio de Economía de la Nación ha dado a conocer el resultado fiscal para el mes de octubre, arrojando datos positivos dentro del marco de metas fiscales impuesto por el gobierno de Mauricio Macri. El mismo se trata de un superávit primario de 8.527 millones de pesos contra, por ejemplo, un déficit de 16.586 en el mismo mes del 2018.

Esta reversión tan importante en los números del estado se debe a que la recaudación aumentó en mayor medida que el gasto público, gozando la primera de un incremento anual (es decir, con respecto a octubre de 2018) del 44,3% mientras que por su parte las erogaciones han tenido un incremento de solo el 31,9%. Ambas partidas crecieron por debajo de la inflación, la cual se ubica en torno al 50,5% para el periodo de análisis, implicando así un decrecimiento en el tamaño del Estado.

Analizando los componentes del gasto público se observa que las prestaciones sociales han tenido un crecimiento del 48,4%, número que evidencia la búsqueda de contención a sectores sociales en situación de vulnerabilidad producto de la recesión que azota a nuestro país. Esto puede ser por pragmatismo, por necesidad electoral o por definición política, lo cual no será puesto en juicio de valor en estas líneas. Lo que sí es notorio recalcar es que el mayor ajuste en las erogaciones se da en el rubro “otros gastos corrientes” en donde, por ejemplo, los subsidios económicos tuvieron una caída del 11% y los salarios pagados por el estado tienen un crecimiento del 34,6%, ambos, obviamente, por debajo de la inflación. Por último, en los gastos de capital se observa una caída del 19,4% respecto a octubre del año pasado, mostrando así una merma muy importante en lo relacionado a obra pública en términos nominales y también reales (ponderado por inflación). 

En el caso de los ingresos totales por tributación, se observa una caída en la recaudación por impuesto a las ganancias del 2,8%, con respecto a octubre del año pasado. Por otro lado, el IVA y las contribuciones a la seguridad social tuvieron aumentos en un 31,3% y 32%, respectivamente. Este comportamiento moderado en dichos impuestos se debe a las medidas post PASO del gobierno nacional, en donde se modificó la escala del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, se eliminó el IVA para productos alimenticios básicos y se relajaron los pagos de aportes personales para los trabajadores que están en relación de dependencia. El dato alentador, es el incremento del 162% en los derechos de exportación. Esto responde a las mejoras en las cosechas con respecto al año pasado en donde una importante sequia afecto el rendimiento del campo, principal sector exportador en nuestro país. Es decir, más que una mejora significativa es un retorno a la normalidad.

Estos datos terminan configurando una tendencia al superávit fiscal primario difícil de revertir en los dos meses restantes del año. De enero a octubre de 2019 hay un acumulado de 31.419 millones de pesos de superávit fiscal no financiero, constituyendo un 0,1% del pbi. 

Sin embargo, los intereses de la deuda acumulan 551.757 millones de pesos, representando un 2,5% del pbi, dejando así en rojo los números del estado por 520.338 millones de pesos, un 2,4% del pbi. Esto representa un crecimiento del 12,6% del déficit financiero respecto al mismo periodo de análisis para 2018, empañando contundentemente el resultado fiscal y abriendo interrogantes claros sobre como cerrar esa brecha.

  El panorama no mejora si miramos hacia adelante. Los vencimientos de intereses de la deuda se ven incrementados de manera dramática hacia el 2020. Esto sin tener en cuenta los vencimientos de capital de la deuda. Con los niveles actuales de actividad económica, el nivel de superávit primario requerido para afrontar estos pagos es insostenible política y económicamente.

Debido a esto, no sería una mala estrategia renegociar plazos de pago, sobre todo teniendo en cuenta que los actuales son muy exigentes y en un horizonte temporal muy corto. De hecho, el stock de deuda tiende a reducirse a partir del 2029 (con algunos oasis en 2024 y 2025), por lo cual se podría buscar una mejor forma de amortizar la deuda, oxigenar las arcas públicas y orientar el gasto a reactivar la economía.

Como se viene señalando, existe todo un dilema en torno al gasto público. Está la tensión entre utilizar al gasto como herramienta para reactivar una economía deprimida y con malas expectativas o continuar en la senda de la austeridad para lograr aproximarse al monto necesario para el pago de la deuda. Nadie niega la necesidad de construir un Estado saneado, pero las apremiantes condiciones en las que se encuentra nuestra economía sumado a las deficiencias estructurales en materia de obra pública e infraestructura y a la inviabilidad de lograr pagar la deuda externa con los actuales niveles de actividad (y por ende de recaudación) incluso con el ajuste más salvaje posible, obliga a repensar el rol del Estado en el corto y mediano plazo.

Por citar algunos ejemplos, Chile, país que hasta hace poco era el modelo a seguir según los economistas de corte ortodoxo, y que voló por los aires producto de los masivos reclamos por mejoras en las condiciones de vida, tuvo en el año 2018 un déficit fiscal del 1,47% de su pbi. Alemania por su parte, y solo por poner una referencia de un país desarrollado y estable, logró un superávit de tan solo 1,70% de su pbi. Para aproximarnos a lograr el pago de los intereses de la deuda externa en 2020 deberíamos tener un superávit primario similar o mayor al de Noruega (7,30% del pbi), salvando las infinitas distancias en términos de desarrollo y niveles de bienestar. Es por este motivo, la inviabilidad del pago de la deuda en el corto plazo, que es necesario buscar otras alternativas para lograr el crecimiento con inclusión social pero también con sustentabilidad macroeconómica.

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