El día de ayer, después de 30 años en el poder, el presidente sudanés Omar al-Bashir fue arrestado y forzado a renunciar en un golpe de estado militar en el país africano de Sudán. Con una propuesta de 3 meses de emergencia a forma de transición, la respuesta de las fuerzas armadas deriva de una serie de reclamos masivos realizados por el pueblo contra el gobernante. De manifestaciones pacíficas en un comienzo; durante los últimos días se vivieron enfrentamientos armados en las calles de Jartum.
Lo que parecía un momento de celebración y festejo ante la caída de un líder reconocido mundialmente por su crueldad y crímenes contra la humanidad (fue condenado en 2009 por la Corte Penal Internacional por los actos cometidos durante la guerra den Darfur) ahora deriva en preocupación: los protestantes siguen en las calles pese al toque de queda establecido por el gobierno de transición, temen que este golpe de Estado solamente reemplace el nombre pero nada cambie. Al-Bashir llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1989 pero logró formalizar el cargo allá por 1993 cuando se pasó de un sistema parlamentario a uno presidencialista. El problema de Sudán es el de tantos países en África y Medio Oriente: el poder y control que ejercen los militares muchas veces no tiene contrapeso.
En algunos países de la región, como Egipto, el ejército tiene un rol de protección de la democracia: en el caso de Mubarak dieron el Golpe y llamaron a elecciones pero no participaron de la primavera árabe, sino más bien dedicaron sus esfuerzos a la protección del patrimonio cultural del país. En otros, los longevos liderazgos han sido derivados de una figura establecida de forma autocrática.
Ahora la situación permanece tensa ante la amenaza de un nuevo conflicto entre el ejército y diferentes milicias que operan en el país. Desde los organizadores de la protesta, la figura del presidente de transición Ibn Auf (ex vice de Al-Bashir y ministro de Defensa) no es más que el mismo sistema cubriéndose la espalda y evitando que haya un cambio real. Auf estuvo a cargo de las operaciones en Darfur que le valieron al Al-Bashir una condena por crímenes de guerra. Es claro que hay un enfoque del ejército en no perder el poder y la caída del presidente es un método para apaciguar a las masas. Desde organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional se espera ofrecer apoyo institucional para promover estas aspiraciones democráticas del pueblo sudanés en búsqueda de un gobierno civil. Desde Naciones Unidas se mantendrá una reunión a puertas cerradas del Concejo de Seguridad en el día de hoy, buscando alternativas que permitan validar la idea de la gran mayoría de los países miembros de ONU: Sudán debe tener un gobierno democrático e inclusivo.
Dentro de la región, la Unión Africana (organismo que nuclea a los estados del continente) protestó en contra de los ataques contra los protestantes, que el jueves hacían cuenta de unas nuevas 13 víctimas fatales.
Lo cierto es que el pueblo no quiere esperar en un gobierno de transición de dos años, mucho menos liderado por uno de los hombres más cercanos al ex-dictador. Desde Occidente la postura general parece ser de esperar y ver cómo resuelven los propios sudaneses el conflicto; la intervención no está descartada nunca, pero hoy no parece una opción propuesta. Si algo han aprendido los Estados Unidos, Reino Unido y el resto de la OTAN a lo largo de los años, es que África tiene sus propias reglas del juego en los institucional y las divisiones de poder.
Eventos fallidos como los de Somalia y sobre todo Libia por parte de USA, han servido de recordatorio para entender que los procesos por los que atraviesan los pueblos deben ser llevados a cabo por actores endógenos y que, la intervención de foráneos, tiende a generar vacíos de poder que terminan conllevando a más caos.
Ahora es menester del pueblo de Sudán determinar si Ibn Auf podrá sostener un gobierno de 2 años para luego llamar a elecciones o deciden que el cambio debe ser inmediato.
