El caso de la empresa de radares ubicada en la ciudad de Tolhuin, LeoLabs, es uno cuanto menos extraño. Habilitado inicialmente por la IGJ provincial, hoy el proyecto se encuentra suspendido bajo sospechas fundadas en defensa de los intereses nacionales. No obstante, todo indicaría que el gobierno nacional actual buscará destrabar a la empresa con base en Sillicon Valley.
Para ponernos en contexto, la empresa LeoLabs arrancó su historia con la provincia allá por 2021, cuando decidió emprender en la instalación de un radar para monitorear la actividad satelital. Con otras bases en Portugal, Costa Rica, Nueva Zelanda y Estados Unidos, la noticia fue una que pasó desapercibida hasta 2023, cuando se anunció el inicio de la construcción. Antes de entrar en operación completa, se da a conocer a través de redes sociales que esta empresa instalada en Sillicon Valley contaba con capitales británicos, generando un manto de sospecha sobre sus intenciones reales, más considerando la locación cercana a las Islas Malvinas. Aunque la decisión de suspender las actividades las toma el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, hubo un apoyo explícito a la decisión por parte de la gobernación, enarbolando la causa Malvinas y la defensa de los intereses nacionales. Lo curioso es que la misma Inspección General de Justicia, o IGJ, había aprobado la creación de LeoLabs SRL, imagino que analizando la documentación de la empresa y el origen de los fondos de la misma. Ahora, ese mismo organismo sostiene una medida cautelar para cesar la actividad de la empresa. Uno, si fuese malpensado, podría entender que el gobierno provincial “reculó en chancletas” al ver que la opinión popular no convalidaba el origen del dinero. Si Leolabs efectivamente supone un riesgo a la soberanía nacional, y si cumple las tareas que estipula en el proyecto, es algo que quedará reservado a las y los que se especializan en inteligencia y esos menesteres. Lo cierto es que el problema llega por el origen de los capitales: el problema no es qué se haga, sino quién.
Ahora, en esa línea promercado que propone el presidente Javier Milei, parece que Nación cambiará su postura original y buscará convalidar la inversión de la empresa norteamericana. Ya es sabida la admiración del economista liberal por el polo tecnológico del Estado de California; por lo que basándose en la premisa de ser una empresa estadounidense de fines científicos no sería extraño que LeoLabs tenga un resultado favorable en su recurso de consideración que tramita la Secretaría de Innovación, Ciencia y Técnica.
En el medio de una disputa confusa, porque los que hoy se oponen fueron los que autorizaron la inversión, aparecen varios puntos sensibles: la Causa Malvinas, que si bien es una de las pocas cosas que atraviesa ideologías, sectores socio-económicos y partidos políticos de forma transversal, en Tierra del Fuego tiene un peso mayor porque las Islas son parte del territorio de la provincia. Por otro lado aparece el concepto de seguridad jurídica: ¿Qué empresa puede pensar en instalarse en la provincia si las reglas del juego pueden cambiar de un día para otro?. Si la empresa tiene capitales británicos, y eso en sí es un impedimento para su establecimiento en nuestro territorio por las tareas que realizarán, es algo que debería aclararse de antemano. Si se autoriza la inversión es porque, en teoría, se han realizado las investigaciones pertinentes para dictaminar que esa nueva compañía cumple con los requisitos para funcionar en el suelo fueguino.
El gobernador Melella habla de la participación de LeoLabs junto al Comando Espacial de Reino Unido como un argumento para imposibilitar el funcionamiento de la misma en la isla, hablando de “rol militar”. Sin entrar en la discusión de si el Proyecto “Tyche” es efectivamente de naturaleza militar, porque no es un tema del que sepa como para opinar, lo raro son las fechas: los permisos para la empresa fueron aprobados en noviembre de 2022 por el Gobierno Nacional, paralizados en julio de 2023 y el anuncio es de julio de 2024. En todas esas fechas, que yo sepa, Mellela estaba a cargo del Ejecutivo. Que la empresa tenía capitales irlandeses e ingleses se sabía del día uno. O a toda la parte administrativa, tanto nacional como provincial, se le “escapó la tortuga” o desde la política, pensaron que no sería un problema hasta que la opinión popular los obligó a cambiar de postura. Ahora, un poco para suerte del gobernador, será el Gobierno Nacional el que cargue con la responsabilidad de habilitar la operación del radar, o la culpa simbólica si la empresa sigue suspendida e inicia un juicio que probablemente gane contra el Estado.
