Si bien el debate sobre las aplicaciones de transporte de pasajeros irrumpió en 2023 en el ámbito político de la provincia, todo indicaría que este año el polémico debate seguirá siendo uno de los ejes centrales en los Concejos Deliberantes. La eterna discusión de sí UBER si o UBER no ahora tendrá un nuevo round en el ámbito legislativo de Río Grande, pudiendo llegar a Tolhuin y otra vez a la ciudad de Ushuaia.
Tradición versus modernidad, empleo genuino versus precarización o taxis y remises contra las aplicaciones. Todos y todas tienen una opinión al respecto: que tienen que funcionar, que son competencia desleal o que son un “rebusque” en un momento donde la economía familiar de muchas y muchos fueguinos se encuentra en estado crítico.
Lo que fuese un debate de opinión pública y un funcionamiento por fuera de la norma, ahora tomará estado parlamentario en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande, gracias a la presentación del Instituto Lebensohn en su filial de Tierra del Fuego, espacio asociado con el radicalismo. Todo indicaría, que de contar con una resolución favorable, el proyecto haría un recorrido hacia el sur de la isla, llegando tanto a Tolhuin como Ushuaia, ciudad que ya llevó adelante este debate hace algunos meses.
¿Qué busca establecer el proyecto? Un marco regulatorio para que las aplicaciones de transporte como UBER, DiDi y otras puedan trabajar en la ciudad de Río Grande a fin de “brindar más posibilidades y soluciones de movilidad, además de oportunidades económicas para los ciudadanos”.
El debate lleva presente entre los vecinos y vecinas casi tanto como el uso informal de las aplicaciones, contando con más adeptos que detractores en sus filas. Entre los que las promueven, los argumentos esgrimidos van desde: facilidad en los medios de pagos, trazabilidad sobre las y los conductores que prestan el servicio, conveniencia a la hora de pedir el vehículo, precios y rutas determinados. Del otro lado, generalmente asociado con quiénes serían competencia de este nuevo servicio, se habla de competencia desleal y baja en los estándares de seguridad y profesionalismo.
Ahora, lo que fue una discusión de café o sobremesa en familia, llegará al ámbito legislativo buscando determinar si se regula un sistema que ya se encuentra en funcionamiento, con apartados de mayor informalidad en los “remises truchos” que vemos en redes sociales, o una prohibición de carácter más definitivo da origen a operativos para evitar la proliferación del servicio.
El proyecto presentado por el Instituto Lebensohn toma como eje el artículo 14 de la Constitución Nacional, enmarcándolo en el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, acompañado del artículo 1.280 del Código Comercial y Civil, donde el Estado Municipal deberá regular resguardando los derechos de usuarios y consumidores. Alegan que este tipo de aplicaciones permiten nuevas oportunidades de movilidad, así como de acceso a ingresos, pudiendo ser un elemento que gracias a su flexibilidad diese oportunidades a las mujeres jefas de hogar para acortar la brecha de género en lo laboral.
La realidad es que tanto a favor como en contra hay razones lógicas: los que se oponen hoy tienen control total del mercado legal de transporte de pasajeros en automóviles, la irrupción de una nueva plataforma seguramente tendría un efecto negativo en su volumen de trabajo. Del otro lado, alegan que gracias a este ¿oligopolio? El servicio es malo y caro. Con nuevos jugadores, la tan mencionada “mano invisible” del mercado de Adam Smith y ahora en versión nacional Javier Milei, vendría a ofrecer más oportunidades a mejores precios. Repito, ambas posiciones son entendibles: un lado quiere asegurar los ingresos que utiliza para mantener a su familia y el otro, como consumidor, quiere un mejor servicio a menor precio. El punto clave es que el sistema ya está en funcionamiento. Si la sociedad ya ha adoptado la práctica, pese a su informalidad o ilegalidad y tiene el beneplácito de la mayoría ¿no sería más sensato regularlo y ponerlo en blanco que perseguirlo?.
Río Grande en este caso, será la puerta que abra otra vez un debate que generó mucha polémica en Ushuaia. Si hacemos un poco de memoria: el Concejo y Ejecutivo tomaron una postura común en la capital contra el uso de aplicaciones, presentando tanto controles como operativos contra los UBER que se encontraban operando. Ahora, si el proyecto radical tuviese éxito en el norte de la isla, llegará nuevamente a la ciudad más austral, así como al Corazón de la Isla en Tolhuin.
En un momento tenso como pocos para el país, con una economía licuada, es lógico que las y los consumidores cambien sus patrones de consumo. Los famosos bienes y servicios suplementarios, que vienen a reemplazar a otros, ya están más que presentes: las famosas segundas o terceras marcas, o ponderar un servicio por sobre basándonos en el precio. Más de uno leyendo debe haber recortado en el plan del cable e internet, dado de baja algún servicio de streaming o cambiado de marca en el queso. Así también, este cambio llega a cosas como el transporte. ¿Por qué pagaría bastante más por un taxi si el Uber me acepta tarjeta, es más barato y lo pido con un botón?.
Del lado del potencial conductor o conductora, es una posible fuente de ingresos de horario flexible, que desde su invención en los Estados Unidos estuvo pensando como un trabajo medio tiempo para complementar los ingresos. Que la voracidad de un sistema económico capitalista lo haya vuelto la única solución para llevar un plato de comida a la mesa no es culpa del que maneja, ni de la app, es un problema sistémico que excede en demasía lo que pueda hacer el Concejo o un intendente.
Parafraseando al presidente de la Nación, los taxis y remises han “cazado en el zoológico” durante muchos años. En el caso de Río Grande quizás no sea tan alevoso, pero en Ushuaia han priorizado brindar servicio a las y los turistas para hacer una diferencia, dejando a los usuarios con un servicio deficiente por no decir nulo. Ahora, es muy factible que tengan que adaptarse como han hecho sus colegas de Buenos Aires, Mendoza y Rosario entre otros. La realidad es que habrá un “boom” en el uso de aplicaciones de regularizarse su uso, ya sea por promociones o ser “la novedad”, algo que termina estabilizándose con el correr del tiempo.
Este esquema de trabajo flexibilizado tiene un fallo inherente: no está pensando para ser permanente. Lo vimos en las apps de delivery, y en las grandes urbes con las de transporte. Una vez asentada la empresa limita los beneficios ofrecidos, encareciendo el servicio o reduciendo el margen de ganancia de quiénes la trabajan. Esto deriva en un servicio más limitado o en un precio “competitivo” con las ofertas tradicionales. En un país como el nuestro, el bolsillo es amo y señor de lo que compramos y usamos.
