Los últimos días de enero suelen ser de relativa calma en la provincia de Tierra del Fuego: a pesar de los cimbronazos nacionales, la política tiene un pacto tácito de “cese al fuego” en el primer mes del año, retomando el trajín cotidiano en febrero y marzo. En un movimiento un tanto peculiar, bajo el pretexto de repudiar el ya infame DNU de Javier Milei, una alianza de las menos esperadas congregó a FORJA, el Movimiento Popular Fueguino y el Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de Río Grande. ¿El plan? Quita de recaudación al municipio y la reducción de los puestos de trabajo vinculados al mismo.
En la ciudad donde predominó el voto en blanco en las elecciones legislativas municipales, las y los concejales de Río Grande buscan hacer sus nombres conocidos, aunque no sea por las mejores razones. Disfrazados de liberales, intempestivamente y sin tratamiento en comisiones metieron su propia versión de la Ley Ómnibus: modificaron las facultades del ejecutivo para disponer de ingresos provenientes del Gobierno Provincial, exigen del pago del impuesto automotor durante 2024 a taxis, remises y transportes escolares y quitan la obligatoriedad de presentación del libre deuda municipal a la hora de tramitar el carnet de conducir. Acompañando estas medidas de un cambio severo a la lógica del presupuesto ya aprobado hace algunos meses nada más, suman su propia “fiscalización” del empleo público a fin de reducir la planta, no en la búsqueda de modernizar el estado, sino para aumentar la propia estructura del Concejo.
“Las fuerzas del Concejo”, un apodo un poco a modo de sorna y otro poco por su proceder, representan 7 de las bancas: Federico Runín y Lucia Rossi por FORJA, Matías Löffler y Guadalupe Zamora por el MPF, Maximiliano Ybars de Juntos por el Cambio, Florencia Vargas de Somos Fueguinos y del PJ Walter Abregú, aquel que con un sueño febril de alguna rosca nocturna, intentó disputar la intendencia en una interna y hace menos de un mes votaba el presupuesto que alteró.
Con tratamiento exprés y ninguna instancia de diálogo el objetivo es claro: erosionar la gestión del ejecutivo municipal a través de un desfinanciamiento adusto. Quizás lo más ridículo de todo lo mencionado sea el tema del libre deuda, que permitirá rehacer el carnet sin tener que pagar multas o impuestos. El libre deuda no es solo una herramienta de recaudación importante para el municipio, sino que es una versión un tanto arcaica del entrecruzamiento de datos. Contar con él demuestra que se está en armonía con el resto de las áreas municipales.
Mientras por un lado buscan limitar los servicios que brinda la Municipalidad a las vecinas y vecinos de Río Grande, por el otro comienzan un escrutinio del personal de planta, edificios con los que cuenta el Ejecutivo y el pedido de datos personales de las y los trabajadores. Se ve que el discurso de Javier Milei gustó y mucho en un Concejo que, extrañamente, representa a partidos que repudian al hoy flamante presidente.
Sin embargo, este nuevo amor por la efectividad en el erario público parece aparejar el famoso teorema de la moral de doble vara, por un lado buscarán dejar sin empleo a un centenar de trabajadores y trabajadores, mientras que contratan otros tantos para “poder controlar mejor”.
Todo pareciese indicar que las y los concejales, donde la gran mayoría no alcanzó las dos cifras en la votación del año pasado, tienen más ambiciones que las legislativas. Reducir presupuesto y cambiar las reglas del juego presupuestarias ya establecidas, es un claro intento en socavar la segunda etapa de la gestión que comenzó Martín Pérez a fines de 2023. En el caso de considerar que el presupuesto no es el adecuado por los cambios en las expectativas de inflación o los ingresos por coparticipación, lo más sensato sería tener una reunión con el que recauda, el Ejecutivo, y consensuar un presupuesto adaptado para 2024.
Es un tanto irónico que mientras a nivel nacional discutimos, incluida buena parte de la cúpula de los partidos representados en el Concejo Deliberante de Río Grande, sobre la importancia del diálogo y el acuerdo para impulsar las nuevas leyes, las y los ediles hayan tomado la particular decisión de asignarse más recursos, quitárselos al Ejecutivo y en el proceso, volver el presupuesto un pedazo de papel sin aparente uso.
En un año que se vaticina como particularmente duro, sin acompañamiento del Estado Nacional en recursos, programas u obras, saber cuánto entrará por recaudación es primordial para saber cuánto se podrá gastar, qué tipo de recomposiciones salariales podrán negociarse y cuáles serán las obras de prioridad.
Un poco a contramano de la voluntad popular, que revalidó la gestión de Pérez con un 56% de los votos, el Concejo busca ganar terreno no pensando en los años duros que se vienen, sino en las aspiraciones de 2027. El famoso “cuando una elección termina, los políticos empiezan a pensar en la próxima” hoy parece tener nombre y apellido. Utilizando el repudio a una medida, se aplica una equiparable: recorte y ajuste para las vecinas y vecinos de Río Grande. ¿Qué curioso no?.
