El Legislador Pablo Villegas (MoPoF), en representación de la Provincia, participó de una jornada de presentación “Lineamientos sobre capacidad y condiciones de privación de libertad en lugares de detención provisoria”, organizada por el Comité Nacional para la Prevención de Torturas. La misma se lleva a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación y participaron representantes de la mayoría de las provincias.
La Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Nación e interventora del SPF, María Laura Garrigos, planteó que hoy “el mayor problema que tenemos es el de las prisiones preventivas, que están en un 47%. Los primeros interpelados son los funcionarios judiciales por la cantidad de las detenciones provisorias y lo prolongado de estas detenciones” dijo.
Gustavo Palmieri, Comisionado CNPT, sostuvo que «es muy repetida la situación de personas lesionadas y fallecidas en incendios, está pensado que va a llegar una vianda, pero no está pensado dónde se calienta, por ejemplo. Lo mismo con la comunicación. ¿No puede ser que las personas se mueran sin asistencia, cuáles son los criterios mínimos para crear un cupo? Tiene que ver con la no sobreocupación de espacios». Por último, planteó que «es importante plantearse para qué sirven estos estándares: si bien son lineamientos mínimos, pensamos que deben ser lineamientos altos».
Por el lado del representante fueguino, Villegas contó que «en mi provincia vamos a tratar de notificar a las autoridades públicas para que cuando se construyan comisarías se respeten estas reglas mínimas. La comunicación y difusión de estos lineamientos mínimos es fundamental para quienes tenemos una actitud militante».
Finalizada la misma, la provincia de Tierra del Fuego representada por Villegas, firmó un convenio con el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además de la firma del convenio, el edil participó de la Comisión donde se debatía la sobrepoblación carcelaria en las Alcaidías y Comisarías.
El mismo tiene como objetivo acordar un marco institucional de colaboración mutua y asistencia. Será en la medida de sus necesidades y objetivos comunes, así como en las acciones que contribuyan a prevenir la tortura en la Argentina. Esto de acuerdo a la Ley Nacional N.º 26.827, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo, y a la Ley Provincial Nro. 857. En el desarrollo y coordinación de acciones concernientes a la prevención y atención de situaciones de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad estatales; así como la resolución pacífica de conflictos en los lugares de encierro.
Por ello, se comprometen a impulsar acciones que tengan por finalidad, entre otras, el intercambio de información, experiencias y desarrollo de actividades de investigación, capacitación, y de fortalecimiento técnico del mecanismo local.
El presente convenio no limita el derecho de las partes a formalizar acuerdos semejantes con otras instituciones. Las partes son autónomas e independientes en sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán particularmente, por lo tanto, las responsabilidades consiguientes. La suscripción de este CONVENIO no implica compromiso presupuestario o financiero.
