El impuesto a los cigarrillos para la construcción del puerto de Río Grande es quizá el primer y más grande “cuento del tío” que tiene nuestra provincia en su historia. Nunca nos quedó bien en claro cuánto era, ni cuánto se recaudaba, pero todos los fueguinos sabíamos una cosa: al puerto no iba.
Rondaba el final del 2002, año de vacas flacas si los hubo, cuando la Ley N° 556 establecía un fondo específico para la construcción del Puerto Caleta La Misión. En el auge del manfredottismo se intentó, a través de este impuesto a los cigarrillos, alcanzar esos 64 millones de dólares necesarios para erigir el puerto. Claro está que el puerto no se hizo, pero se recaudaron unos 11 millones de pesos (algo de 4 millones de dólares en su momento) de los que nunca se supo nada.
Pasaron los años, cambiaron las gestiones y fue el turno de Colazo de disponer de las arcas fueguinas para avanzar la obra. Allí, Miguel Longhitano, secretario Legal y Técnico ya de Cóccaro, denunciaba una violación de la ley provincial N° 628, ahora a cargo del gravamen, y un desvío de fondos hacia otras obras. La causa imputaba a la ex-tesorera General, Gisella Güastella y a un nombre que hoy sigue pululando por la política fueguina, el actual presidente de la Dirección Provincial de Puertos y ex-ministro de Economía colacista Roberto Murcia. Un poco irónico que quién desvió fondos para la construcción de un puerto maneje la DPP ahora, pero nada sorprende cuando de política en Tierra del Fuego hablamos. De esos $10.300.000 pesos, una parte fue a parar a la Planta Potabilizadora “El Tropezón”, otra a la Escuela de Hotelería “Los Yaganes”, la finalización de la Ruta N°3 y un nuevo edificio para el Ministerio de Hidrocarburos, Energía y Minería en Río Grande. Dos obras se hicieron y dos quedaron pendientes (Los Yaganes y el edificio del Ministerio), otro éxito que apuntarle a la corta gestión del “monstruo”.
Llegó Fabiana Ríos y con ella una propuesta de una empresa francesa para construir el puerto, cubrir la deuda que la provincia mantenía con la constructora, todo a cambio de 40 años de concesión. El acuerdo quedó en una carta de compromiso y un par de gacetillas festejando el anuncio del anuncio. Un clásico de la que algunos llaman “la mejor gestión en la provincia”: mucho ruido, pocas nueces y nada para la provincia.
En la gestión de Bertone se intentó reflotar la idea que otros cuatro gobernadores habían intentado sin éxito y el resultado no cambió. Los famosos brotes verdes de Macri nunca llegaron y, sin inversión extranjera, encarar la obra faraónica del puerto parecía un disparate. Así, llegamos a 5 gestiones, 21 años y un puerto que no es puerto.
En 1998 arrancó la obra del Puerto Caleta La Misión y hoy no hay más que una vieja estructura para mostrar. La obra, que impulsaría la conectividad marítima de Río Grande, alivianaría la carga del puerto de Ushuaia y bajaría los costes logísticos para la industria terminó en deudas, juicios y un impuesto que se derogó allá por 2009, pero ya hacía unos cuantos años que los fondos se utilizaban para tapar agujeros, como la caja de IPAUSS en 2006, con la Ley N° 685.
El Puerto de Río Grande, un caballito de batalla que ningún dirigente político ha dudado en usar para sumar voluntades en la ciudad industrial de nuestra provincia, denota una clara falta de capacidad de resolución así como exhibe la más cruda corrupción desde su inicio en construcción. En 1998 Felipe Caldas, ingeniero a cargo de la constructora, denunció en Provincia 23 al ministro de Economía por un pedido de coima, derivando en un bizarro evento que Armando Cabral describe en su artículo para La Licuadora, como un intento de tirar el diario con una grúa, una cosa de locos.
Luego, llegó el impuesto al cigarrillo que nunca fue a parar al puerto, con más de uno teniendo que dar explicaciones en Tribunales sobre los fondos. Pero, como siempre pasa, las causas quedan en nada, los años transcurren y la gente se olvida.
