Los bomberos, por medio de la Federación de Asociaciones de Bomberos de la Provincia, iniciaron una campaña para evitar que le descuenten el 50% del presupuesto. La iniciativa surgió debido al artículo 23 del proyecto de Ley del Presupuesto Provincial, que fue presentado por el ejecutivo en la Legislatura. Este artículo que «Facúltase al Poder Ejecutivo a destinar hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo establecido en el primer párrafo del artículo 33 de la Ley provincial 959 como afectación específica a la adquisición de equipamiento y capacitación a cargo de la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos». Esto derivaría los fondos a una dependencia estatal, por sobre los gastos de los cuarteles voluntarios.
Desde la Federación pretenden el acompañamiento de la comunidad en general e instan a los legisladores a reaccionar y quitar directamente el artículo 23 del proyecto de ley de presupuesto, para evitar el fin del sistema de bomberos voluntarios en la provincia, el cual afecta al Fondo Permanente Provincial de ayuda a los cuerpos activos de las asociaciones de bomberos voluntarios, legalmente constituidos.
Hace unos días, en el ámbito de la comisión Nº2 de la legislatura provincial que preside el Legislador Federico Sciurano, los bomberos pudieron discutir con los ediles la deuda acumulada que tiene el ejecutivo provincial de unos 150 millones de pesos y la implementación de un manual de rendiciones que va en consonancia con el que se aplica en el Ministerio de Seguridad de la Nación. De la deuda se estableció esperar al resultado de la Comisión que se realiza en el ámbito del Gobierno, que debería producirse no más de 45 días con representantes profesionales de nuestra Federación y del Gobierno, ello tendrá también impactó en el ámbito de la legislatura como se acordó.
En cuanto al manual de rendiciones, los integrantes de la Federación manifestaron lo engorroso del proceso de rendición ya que este manual es la copia del manual de Nación, el cual, informaron a los legisladores, se está cambiando por su compleja aplicación. Si bien están de acuerdo en tener un manual, están en contra de los porcentajes topes porque la realidad de cada cuartel es distinta una de otra.
Es importante tener en cuenta que esta discusión se viene dando hace tiempo dentro de la política provincial, pero no había tomado estado público ya que “no es políticamente correcto” según entendían en las otras gestiones, porque la comunidad es muy sensible a los reclamos de los servidores públicos. No es menos cierto que hace muchos años a varios (no todos) de los cuarteles les cuesta mucho rendir los gastos y cada vez que le reclaman deudas a los ejecutivos terminan en la misma discusión, “rindan como gastaron lo anterior para poder otorgarles algo más”. Inclusive hace algunos años estos “problemas financieros en algunos cuarteles” terminaron en denuncias penales y escándalos mediáticos.
