En medio de la pandemia la ciudad de Ushuaia enfrenta un conflicto salarial que tiene en vilo a los Centros de Atención Primaria de Salud. El problema pasa por el encuadre convencional que mantiene con medidas de fuerza a los CAPS y podría afectar a otras áreas de gobierno. Este conflicto se genera ante el reclamos de los trabajadores porque la empresa DNZT, de Martin Dunezat, que contrata el gobierno de la provincia para la limpieza dentro de los CAPS tiene al personal afiliado al Centro Empleados de Comercio de la Ciudad de Ushuaia, pero no cumple con el Convenio Colectivo de trabajo 130/75 lo que conlleva a una medida de fuerza.
El Gobierno, por medio del Director General de Atención Primaria de Salud Zona Sur Ezequiel Zolezzi, informó que “nos vimos en la obligación de cerrar algunos centros de salud o bien reducir la atención en los edificios donde el servicio de maestranza es realizado por la empresa contratada previa a esta gestión. Mientras perdure este conflicto, la atención se verá afectada porque no se puede concretar la limpieza de los centros y no se puede llevar adelante el protocolo de higiene” y precisó que “se van a reprogramar los turnos que estaban otorgados”.
Según el Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia (CECU) la empresa no aplica el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 que regula la escala saláriale la actividad de limpieza y maestranza, por otra parte denuncian que no se cumple con el pago del 80% de la zona desfavorable, no paga horas extras ni horas nocturnas, no cumple con los francos ni paga feriados trabajados. Según el panfleto que circula entre los trabajadores, la empresa abona un sueldo promedio de $30.600 cuando por la escala salarial debería pagar $ 62.174. Es importante destacar que acá no hay un conflicto por el encuadre gremial, ya que los empleados están afiliados al Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia y no hay otro gremio en la discusión como intenta plantearlo la empresa, solo se busca que la misma cumpla con el convenio y con la ley ya que no paga horas extras, ni proveé ropa de trabajo acorde a COVID19.
El empresario optó por renovar el plantel y tomó gente nueva para realizar los trabajos impidiendo que los antiguos trabajadores no pueden ingresar. El gremio, ante esto, anunció que mandará los telegramas correspondientes para que aclaren la situación laboral del personal. Desde el sindicato, sostienen que la empresa arrasa en las licitaciones porque abarata costos pagando de esa manera y destruye el mercado laboral.
Este jueves, tal cual estaba previsto, se realizó la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de la provincia sin lograr que las partes se pusieran de acuerdo. Si el conflicto se mantiene, otras áreas de gobierno se verán afectadas, como son los casos del IPV, AREF, OSEF, el propio Ministerio de Salud y el de Industria.
