Como ya mencionamos en un artículo anterior, el «barril criollo” será una realidad. La idea de proponer un precio base de 45 dólares, tiene por objetivo mantener la producción y los puestos de trabajo del sector hidrocarburífero.
Hay un par de variables que establecieron el precio por sobre el doble del valor actual (20 dólares). Primero, el tipo de extracción: al ser no convencional (shell-oil) implica mayores gastos que la producción tradicional. Segundo, los costos fiscales y de cargas laborales propios del país. La presión de las empresas productoras y los estados provinciales (por la recaudación) para sostener un precio artificial podría tener grandes impactos negativos en las reservas del país.
La crisis económica derivada del COVID-19, llevó los precios del barril a un mínimo histórico durante marzo, llegando a contar con valor negativo en los futuros de marzo en los barriles texanos. A fin de sostener una producción que ronde los 70%, se presentó, con fuerte apoyo de sindicatos, autoridades provinciales e YPF, un DNU para el establecimiento del barril criollo.
No obstante, los sindicatos también aceptaron una reducción de los salarios al 75%. De caer la industria, más de 10.000 trabajadores verían amenazada su fuente de ingresos.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, declaró que “la idea es tener un precio de referencia que evite que los proyectos que en la Argentina están en funcinoamiento, aún con bajo nivel de actividad, no terminen de cerrarse bajo un escenario negativo. Si no lo hiciéramos el gran peligro es que la actividad se normalice y los precios vuelvan al alza, no tengamos la producción en pie y debamos importar petróleo, por eso buscamos dar certidumbre hacia adelante”.
Pasando en limpio, el Estado Argentino se “juega” a la posibilidad de un alza en el precio de petróleo en el corto plazo, una vez levantada la mayoría de las cuarentenas obligatorias alrededor del mundo. De ser así, ya contaría con producción base que le permita abastecerse a sí mismo y hasta quizá explorar la oportunidad de exportar, reemplazando a países que se encontrasen en una situación más crítica desde lo productivo. Vale destacar, que hay una cláusula que delimita los cupos de compra para cada refinería y productora, a fin de brindar un subsidio equilibrado.
El barril tendrá efecto hasta el 31 de diciembre de 2020 a u$s 45, pudiendo revisarse cada tres meses. El decreto quedaría caduco si el precio del Brent supera dicho monto durante 10 días consecutivos. Para establecer referencia hoy el barril Brent vale u$s 30,97; desde el 4 de marzo que su precio va en picada desde los u$s 50.
La medida por un lado, provee de cierta estabilidad al sector y les permite proyectar como mínimo, hasta fin de año. Por otro lado, algunos especialistas ven como riesgoso establecer un precio dolarizado en oposición a un sistema de subsidios en pesos para las empresas. Según ellos, esto podría derivar en fuga de capitales por parte de las empresas transnacionales que se ven impactadas por la medida.
A su vez, surge la duda: ¿De dónde saldrán los fondos para cubrir el gasto? Hoy el estado tiene presente grandes obligaciones producto de la deuda externa, así como gastos extraordinarios derivados de la crisis del COVID-19. Sumar más presión a las arcas nacionales genera más déficit fiscal y más impresión de papel moneda, llevando a una mayor inflación.
¿Los escenarios? Idealmente en un mes o dos la mayoría de los países comienzan a reactivar sus economías y el comercio exterior, generando mayor demanda de petróleo y por lo tanto, subiendo el precio del barril. En este ejemplo, el Estado sostiene producción y absorbe el costo por un corto plazo de tiempo. Si lo analizamos, ya que la mayoría del país, tanto en población como territorio, empieza una de las últimas fases de cuarentena, daría cierto sustento a este escenario. En un futuro hipotético menos favorable, la crisis se extiende por varios meses, obligando a que el país deba sostener el precio y la cura, el precio artificial, termine siendo peor que la enfermedad.
Todo dependerá de la duración de la baja de consumo y cuánto tiempo tenga el gobierno fondos para sostener al barril criollo. Si la crisis dura más que lo que el cálculo del gobierno estime, la crisis energética argentina podría agravarse aún más.
