Si bien tanto desde el gobierno provincial de Tierra del Fuego, las cámaras empresariales de la provincia y de Santa Cruz, más el reclamo chileno, desde el concejo Deliberante de Río Gallegos manifestaron que no es inconstitucional y se mantiene el cobro del peaje a los transportes que pasen por la ciudad.
En las últimas horas el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, rechazó cualquier posibilidad de modificación al decreto en su diálogo con la ministra de Justicia de Tierra del Fuego, Adriana Chaperón, quien anunció la presentación de un amparo judicial.
“Tratamos de dialogar, le explicamos que esta medida es inconstitucional, pero él persiste en su postura y nos ha dicho que hagamos lo que debamos hacer”, señaló la ministra, quien plantea que la decisión viola derechos constitucionales, ya que el artículo 11 de la Constitución argentina dice que “el transporte de productos de una provincia a otra están exentos de cualquier derecho al tránsito”.
Por otro lado la Comisión Directiva de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) expresó su rechazo a la imposición de un “peaje” para camiones que transiten por Río Gallegos. La entidad se opone a la tasa especial que fuera aprobada por el Concejo Deliberante, y que esta previsto que comience a aplicarse este 1 de marzo a los vehículos de carga que ingresen y egresen a la capital Santacruceña por el control camionero de Güer Aike.
Mientras tanto, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, pidió 24 horas para resolver el conflicto a través del diálogo y evitar, de esta manera, que el caso sea judicializado
Del otro lado de la frontera los transportistas chilenos hicieron el reclamo con la advertencia de una medida de fuerza que podría acentuarse en las próximas horas, sumándose además los camioneros magallánicos que son parte de Asoducam, quienes a través de su dirigencia advirtieron que se movilizarán al primer cobro a uno de sus socios.
Mientras se espera la solución al conflicto la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas promueve acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de Río Gallegos en los términos del artículo 322 del código procesal civil y comercial de la nación y solicita una medida cautelar de no innovar contra la Municipalidad y citar como terceros interesados al Ministerio de Transporte de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad, autoridades federales que ejercen el poder de policía en materia de transporte y rutas nacionales, respectivamente.
