Periodista. Fueguino por nacimiento y elección

El desconcierto reinante tras el abrupto aumento del dólar a $60 luego de la derrota del presidente Mauricio Macri en las PASO también se trasladó a Tierra del Fuego, donde los gremios parecen comenzar a limar asperezas para un reclamo común: una urgente mesa salarial con el Gobierno que permita, cuanto menos, dar aire a los trabajadores en una situación tensa mientras desde Nación tampoco se transmite un rumbo claro.

En ese marco, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dio inicio a un plan de lucha, en una conferencia de prensa en su sede de Pacheco, para los ámbitos municipal y provincial; SUTEF convocó, sin demasiadas precisiones, al conjunto de las organizaciones sindicales; y los judiciales de SEJUP comenzaron con asambleas con retención de servicio en los lugares de trabajo.

Por el momento, con conceptos generales pero una preocupación en común, los gremios atinan a encaminarse detrás de un objetivo que no será sencillo.

El propio Marcelo Córdoba, dirigente de ATE, definió el segundo semestre como un ciclo “de 9 meses” tomando en cuenta que, tras la asunción del nuevo gobierno de Gustavo Melella, el periodo vacacional correrá la discusión de salarios, cuanto menos, hasta mediados de marzo.

En la misma entrevista reconoció que ya hubo contacto “con otras organizaciones sindicales” con las mismas urgencias en el seno del Estado provincial.

Desde el gobierno provincial aún no hay señales ni comunicación al pedido que ya tomó estado formal por parte de los gremios, en el Ministerio de Trabajo.

El reclamo es aún más amplio: comprende al gobierno provincial electo, a los legisladores en ejercicio y a los que asumirán en diciembre.

Al menos desde ATE aseguraron que pretenden participar de la discusión del Presupuesto 2020, que comprendería los potenciales aumentos salariales para los trabajadores del sector público.

La volátil situación económica del país, la campaña presidencial hacia octubre y el proceso de transición en la provincia, por ahora, marcan una zona desfavorable para los gremios, que buscan instalar la discusión salarial con un poder adquisitivo devastado por la creciente inflación.

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