La novena Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande resultó un paso en falso para el sector de remiseros, que pretendía suspender la vigencia de la Ordenanza que los sitúa en igualdad de condiciones con los taxistas y detener la adhesión a la Ley Nacional N° 19.511, que vinculará su reloj al Sistema Métrico Decimal Argentino.
El malestar y la bronca de los trabajadores del volante que se acercaron al recinto legislativo en caravana –interrumpiendo el tránsito en la calle Lasserre, frente a la plaza Almirante Brown- fueron evidentes tras la votación que, desde el sector, significó un retroceso en la búsqueda de sostener el servicio con las condiciones previas a la sancionada en mayo de 2017, cuando el mismo cuerpo de concejales votó la aprobación de la ordenanza 3673/17, que estableció nuevas condiciones para equiparar los servicios de remis y taxi.
En esta ocasión, los concejales Raúl von der Thusen y Eugenia Duré coincidieron con la voluntad de los remiseros, pero no pudieron torcer el resultado definitivo, que terminó 5 a 2 en las votaciones por sendos proyectos de Ordenanza.
Hubo gritos aislados y un repudio generalizado por parte de los presentes remiseros hacia los ediles, quienes pasaron a un cuarto intermedio (cuatro votos a favor) tras la moción del propio concejal del Partido Verde.
“Nos han demostrado lo que son, prometen cosas personalmente y después cambian lo acordado”, expresó a FM Masters, Enrique Sequeira, uno de los referentes de las agencias de remises de la ciudad.
“La (ordenanza) 3673 salió de dos personas que no tenían consenso con la mayoría de los remiseros, nos enteramos de esa ordenanza cuando nos invitaron a ser taxis”, cuestionó, haciendo alusión también al proyecto del Ejecutivo Municipal archivado recientemente.
El rechazo a la iniciativa de suspender la implementación de la citada normativa no hizo más que reafirmar la voluntad del sector, de iniciar acciones judiciales, contra el Municipio, por intervenir en la tarifa de un servicio privado.
El abogado Leonardo Plasenzotti, representante legal de las cinco agencias de remis de la ciudad, aseguró que “el Estado no puede intervenir en la formación de un contrato de naturaleza privada porque eso queda sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes.
Los remiseros consideran que su tarifa no puede ni debe estar regulada por el Municipio, en clara oposición a lo que rige desde la Ordenanza 3673.
Con la falta de apoyo evidenciada en el Concejo Deliberante, ahora, el sector buscará directamente la vía judicial, siempre y cuando el Ejecutivo no apele al veto, algo que parecería poco probable.
Recientemente, el subsecretario de Gestión Ciudadana del Municipio, Daniel Facio, volvió a cargar contra el servicio de remis, que definió como “irregular”, y desechó cualquier posibilidad de diálogo mientras se mantengan esas condiciones.
Por las dudas, Sequeira reconoció que están dispuestos a retornar al sistema de cuadrillas, “más exigentes y más chicas”, en detrimento del reloj, que a partir de la adhesión a la 19.511 deberá estar homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entidad que regula todos los sistemas de medición utilizados en el país.
El objetivo, claro está, es regresar a los tiempos donde el remis disponía de una tarifa más económica que el servicio de taxis.
“La tarifa la vamos a manejar nosotros”, insistió Sequeira, quien anticipó que, en caso de persistir sin soluciones en el conflicto por el reloj, volverían a utilizar la cuadrilla, con precios fijos según los sectores de inicio del viaje y destino.
Las posturas con el Municipio y el Concejo están distantes, y por eso los remiseros encaran otros caminos y preparan nuevas estrategias para luchar “contra la desaparición del servicio”, tal cual lo expresaron en varias oportunidades a lo largo de este año. ¿Hacia dónde desembocará el debate que lleva más de un año y medio? ¿Habrá una solución definitiva?