Mientras la gestión que hoy lidera la intendencia celebra el logro político de alcanzar un aumento salarial que le permita ganar el favor de los empleados municipales, por debajo se cuece una situación de presión fiscal para los vecinos y vecinas de la ciudad que seguramente estallará en el segundo semestre de 2021.
Días atrás, Martín Pérez, intendente de Río Grande, anunciaba con bombos y platillos un acuerdo con UPCN, ATE Y ASOEM de un incremento del 30% al básico, dejando el piso del salario de un empleado municipal en $55.000 de bolsillo. La pregunta que nos hacemos desde este medio es ¿de dónde sale la plata?.
La respuesta es simple pero a la vez compleja: los impuestos municipales. Si bien por un lado la respuesta es sencilla (la municipalidad recauda a través de sus gravámenes), tiene una parte intrincada. En el caso de Río Grande, todos los impuestos se calculan con la Unidad Fija, esta unidad que por 2020 rondaba los $17 y está atada a la inflación. Cuando la pandemia comenzó, desde el Municipio tomaron la decisión de bonificar un 40,72% de su valor. Hoy, aún con ese bonificado el valor índice se disparó a $22,80. En el lapso de un año su precio se elevó un 30%.
No obstante, aquí es donde viene lo que podría ser una sorpresa en las próximas boletas que se encuentren los vecinos. En junio la emergencia finalizaría, aunque algunas actividades podrían recibir una extensión. Hagamos algunos cálculos: si la emergencia terminase hoy, el bonificado del 40% sobre $22,80 llevaría el valor índice a algo de $31,92. Con esto, la unidad en menos de un año, casi se duplicaría. ¿Cuál es el impacto? Todos los impuestos municipales están atados a este índice, incluidas las multas.
Para poner un ejemplo, la multa por alcoholemia cuando se tiene una graduación de entre 0,0 y 0,2 gramos por litro de sangre, es de 750 unidades. En 2020 esos 750 representaban unos $12,750. Con el primer aumento, aún con el bonificado, serían de $17.100. Ya para junio, podríamos estimar que la misma multa valdría $23.940, casi el doble de aumento entre diciembre de 2020 y junio de 2021. Vayamos con otro caso, uno que no involucre una infracción. Pensemos en los chicos que hoy están en la Residencia Estudiantil Municipal, ubicada en La Plata: en diciembre de 2020, valía $2.125 y para junio podría llegar a $3.990. En el caso de los impuestos inmobiliarios la cuenta es un poco más difícil, hay que tener en cuenta los metros cuadrados y la zona de la propiedad, pero utilizando este cálculo estaríamos hablando, si las bonificaciones no siguen en pie, estaríamos rondando un monto de casi el doble.
Ahora bien, deberíamos explicar que el caso de Río Grande es excepcional, más si lo comparamos con otra ciudad de la provincia: Ushuaia. En el caso de la capital, los impuestos se derivan de la Unidad Fija a Aplicar (UFA). Que, si bien está atado al precio del combustible, tiene solamente aumentos semestrales y cuenta con otra cantidad de unidades para ciertos impuestos. Pero, a modo de guía, vemos que los aumentos son de mucho menor porcentaje. Durante todo el 2020, también como medida paliativa a la crisis económica, la Municipalidad de Ushuaia dejó su UFA en $46, subiéndolo este año para su primer semestre en un 13%, llegando a $52. Es decir, mientras que Río Grande incrementó en $15 la UF entre diciembre y junio, Ushuaia aumentó $6.
El caso de Río Grande, desde lo económico, es bastante complejo y si bien se ha hablado de una reactivación industrial, no es difícil darse cuenta que mucha gente ha perdido su empleo o emprendimiento por la crisis derivada de la pandemia. Aumentos de tanto volumen, en una ciudad que recién comienza a integrarse a la reactivación nacional, podría disminuir considerablemente el porcentaje de personas al día con estos gravámenes. En su momento se planteó la posibilidad de calcular los impuestos sobre los aumentos salariales, a diferencia de la inflación, pero el mismo no prosperó. Si hacemos la cuenta, en casi todos los casos los aumentos de los municipales van muy por debajo de la inflación, y en el caso de los privados mejor ni contarlo. Si bien Pérez habla de un equilibro fiscal del Municipio, falta explicar una parte: los que se hacen cargo de sustentar lo que la gestión agita como una bandera de victoria, no son otros que los vecinos y vecinas de la ciudad.
