El Gobierno Nacional se ha caracterizado en estos dos años de gestión por tener una agenda legislativa cuanto menos polémica. Entre los cambios y reformas, apareció promulgada en febrero de este año la Ley N° 27.801 o el Régimen Penal Juvenil. Para las y los más despistados, la Ley baja la edad de imputabilidad a 14 años para ciertos delitos contemplados en el Código.
Con este cambio en la normativa, que entrará en vigencia a partir del mes de octubre de este año, nos surge la siguiente interrogante: ¿qué impacto tendrá este cambio en la Provincia?. Cuestiones como la cantidad de adolescentes que se verían afectados y qué espacios serán destinados para la contención de los mismos saltaban a la vista como las variables de más impacto. Por lo tanto, recurrimos a las partes involucradas en dichos procesos: la Justicia y el Ejecutivo Provincial, a cargo tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario Provincial.
En el caso de este último, el Gobierno Provincial, decidieron no responder a dichas inquietudes, quizás a falta de mayores precisiones sobre una base estadística o cómo llevarán adelante las tareas con esta nueva normativa. Desde el lado del Poder Judicial la situación fue distinta: pudimos dialogar con la Dra. Anahí Petrina, Jueza del Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 2 del Distrito Judicial Sur, quién nos guió sobre cómo será este nuevo sistema que comenzará a regir en la segunda mitad del año.
Petrina remarcó que “respecto de estadísticas, no se cuenta actualmente con proyecciones específicas sobre la cantidad de adolescentes que podrían verse alcanzados por la nueva normativa. No obstante, en la provincia de Tierra del Fuego AeIAS, históricamente no se ha registrado un número significativo de casos graves protagonizados por adolescentes en conflicto con la Ley Penal”.
Referida a la coordinación entre autoridades provinciales y nacionales, la jueza explicó que “por el momento no se han formalizado instancias específicas vinculadas a la implementación de la ley”, detallando que es “lo esperable en función de que la norma aún no se encuentra vigente”.
Ahondando un poco sobre el proceso judicial que implica a menores de edad, la jueza Petrina destacó que “el Régimen Penal Juvenil no se rige únicamente por la nueva ley, sino también por estándares internacionales vigentes, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece principios como el interés superior del niño, su derecho a ser oído y el respeto por su desarrollo integral”.
“Desde una mirada local, se subraya la importancia de fortalecer las políticas de prevención y el trabajo articulado entre instituciones, teniendo en cuenta las particularidades de la provincia y la necesidad de abordar estas problemáticas de manera integral” concluyó Petrina.
Analizando otra interrogante que nos surgía al comenzar este artículo: ¿qué espacios serían destinados? Para ellos, nos basaremos en dos fuentes: el informe del Servicio Penitenciario Provincial, y la información actual que nos brindan desde el mismo organismo.
Para no ser excesivamente extensos, tomaremos datos de 2020, 2023 y 2024. Vale destacar antes de comenzar que para 2020 las unidades presentes eran la Alcaidía Central de Deloqui y Laserre, la Alcaidía Femenina en calle Independencia y los Anexos I y II en Goleta Florencia para la ciudad de Ushuaia, existiendo en Río Grande la Unidad de Detención N° 1. Para 2020, la capacidad de alojamiento era de 213, teniendo una sobrepoblación de 6 personas, o un 2,8% del total. No obstante, la Alcaidía Central de Ushuaia contenía a 70 personas, superando ampliamente el límite de 49 establecido.
Entrando en el año 2023, se suman en Anexo III en Ushuaia, con capacidad para 10 personas, los Anexos I y II en Río Grande y la Casa Preegreso “Hosh-ken” que curiosamente no figuran con capacidad estimada, pero si albergaron a 35, 2 y 21 reclusos/as respectivamente. Para este año, a pesar de haberse incorporado nuevos espacios, la sobrepoblación aumentó del 2,8% al 18,3%, contando con 262 de capacidad establecida y 310 personas privadas de su libertad. Al año siguiente, la tendencia se repite: la capacidad sigue siendo la misma, pero se suman 13 personas más: alcanzando el 23,3% de sobrepoblación.
Según información brindada por el propio Servicio Penitenciario Provincial, actualmente habría 350 internos, un incremento del 8,3%. Sin embargo, es posible que la sobrepoblación sea menor: en noviembre de 2025 el Gobierno Provincial formalizó la entrega del Anexo IV en Ushuaia, también sobre calle Goleta Florencia. El edificio, que es una readecuación de un espacio que la policía utilizada para el guardado de documentación, tendría una capacidad inicial para 14 internos. Entonces, volvemos a hacer la cuenta: en 2026 la capacidad instalada sería de 262 más estas 14 nuevas vacantes alcanzando las 276 “camas”, pero que en realidad albergan a 350 personas lo que nos daría un 26,81% de sobrepoblación. A todo este desarrollo estadístico hay que agregarle un dato de color: la Alcaidía Femenina, al menos en los años analizados, nunca contó con sobrepoblación: capacidad plena en 2020 y un 50% de ocupación en los años 2023 y 2024, lo que “maquilla” levemente la situación que atraviesan los presos hombres.
Con estos números, podríamos darle la razón a nuestro “Pirincho” en el Servicio Penitenciario que habla de un sistema colapsado. Si el sistema ya está sobrepasado con los adultos ¿qué pasaría si se le sumasen adolescente? Recordemos que los menores no estarían alojados en los mismos espacios, así que uno entendería que se debería destinar un espacio exclusivo para la duración de su condena. Aún sin un dato estadístico concreto que nos brinde un número concreto de jóvenes a los que podría aplicárseles esta nueva normativa nacional, la situación no parece muy positiva.
A esta situación delicada del Servicio Penitenciario, que cumple la función de eslabón final en este camino, también se le suman las dificultades del sector salud y de contención social: dos de las barreras más importantes para que las problemáticas de las y los jóvenes no deriven en delitos que podrían privarlos de su libertad. Si bien la provincia no atraviesa un problema inmediato con el nuevo Régimen Penal Juvenil, da la sensación que de no tomarse medidas preventivas podrían replicarle las mismas dificultades que con las y los adultos en algunos años.
