La expectativa era alta: a 44 días de iniciado su mandato, Javier Milei se enfrentaría a un paro general con una convocatoria que incluía a la CGT, las organizaciones sociales, el peronismo más combativo encabezado por el gobernador Axel Kicillof e intendentes del conurbano, así como la izquierda. Entrada ya la tarde, la marcha había pasado sin pena ni gloria: si bien hubo una convocatoria numerosa que no alcanzó a llenar la Plaza del Congreso con réplicas en distintos puntos del país, esta marcha tiene poco del “principio del fin” de la gestión del liberal.
Los medios oficialistas, o que esperan serlo una vez que la pauta vuelva a circular en 2025, resaltaron hasta el hartazgo que el gobierno liberal rompería el récord de recibir el paro general con unos meros 44 días. A Alfonsín tardaron 269 días, en una lucha por la fallida Ley Mucci, a De La Rúa fue un poco más rápido con 79, mientras que para el caso de Mauricio Macri se superó el año con 484 días. Entre los peronistas tanto Carlos Saúl Menem, Néstor Kirchner como Cristina Fernández superaron los 1000 días, siendo la excepción Duhalde, que en medio de una grave crisis económica e institucional, su gobierno transitó el primer paro a 141 días de su asunción. El caso que rompe la norma fue el saliente Alberto Fernández, que nunca debió enfrentarse a un paro general en sus 4 años de gobierno, algo que politiza aún más la medida contra el economista liberal por contraste.
No obstante de haberle dedicado un párrafo, es necesario destacar que establecer una temporalidad a la fecha de paro cae en un error con respecto al concepto de origen de la medida: no importan los días, sino las causas que desencadenan el reclamo. Tanto el DNU como la Ley Ómnibus, sin importar lo que opinemos sobre las mismas, son disruptivas en la forma en la que se desenvuelve el Estado, por lo que claramente acarrearán posturas contrarias.
Aquí el problema del limitado alcance de la medida y el poco impacto de la movilización consecuente radica en que hubo un “apuro” o una aceleración en la escalada de la conflictividad. El paro, o al menos eso reza la lógica sindical, es la instancia final y en general viene acompañada de una contrapropuesta más tangible: recomposición salarial, mejoras en los beneficios o en un caso más histórico la jornada de 8 horas. El paro general de la CGT es de impronta política: se rechazan las medidas que componen parte de la plataforma de campaña del actual gobierno. No se rechaza la reforma previsional, las facultades que se le otorgarían al ejecutivo o la Ley de Tierras en particular, se va en contra de todo. Por ende, la medida de fuerza no puede alcanzar un punto intermedio de negociación, sino establecer de forma tácita eso de lo que habló el casero de Alberto Fernández y marido de la diputada Tolosa Paz, “Pepe” Albistur, “voltear al gobierno”.
Por eso, no es descabellado decir que ante un peronismo y sindicalismo ansioso por recobrar el control de la calle y la dirección política del país, el paro terminó siendo precoz. Una parte de la sociedad que votó a Milei todavía sigue en el famoso período de “luna de miel”, no recibiendo aún el embate total del ajuste provocado por la devaluación del 100% del dólar oficial. Si a ello le sumamos la fecha atípica de enero donde muchos y muchas se encuentran vacacionando, la convocatoria no termina contando con el resultado esperado. No es que no hubiese gente en las calles del país, es que con la convocatoria de los famosos “dueños de la calle” en parte del PJ, que mandó exfuncionarios, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires y varios intendentes, más la CGT, los movimientos sociales y la omnipresente izquierda este 24 de enero pasó sin plena ni gloria.
Si hablamos de Tierra del Fuego, es aún más evidente que buena parte de las y los trabajadores no estaban en la isla. En Ushuaia, la manifestación congregó centenares (siendo muy generoso), mientras que en Río Grande se hablaba de 2.000, algo no tan notable considerando la fuerte presencia de la OUM en la ciudad. Si hacemos un poco de memoria, hubo manifestaciones de mayor impacto del SUTEF, o las generales contra la gestión de Bertone y la Ley Previsional a principios de su mandato.
En algún punto, podemos decir que la CGT como organizadora quedó entre la espada y la pared: claramente era muy temprano para conseguir la masividad necesaria para generar presión en un gobierno que danza entre terco y determinado, pero ya con el dictamen favorable a duras penas de la Ley Ómnibus en diputados, era hoy o esperar hasta la votación la semana siguiente. También, está más que claro que este será el primero de muchos paros, pudiendo ser los que se aproximen ya entrado el mes de marzo de mayor complejidad para el gobierno de no comenzar a mostrar señales positivas en la baja de la inflación.
Con un protocolo anti-piquetes que funcionó relativamente bien, hubo cortes temporales en la capital, pero ninguno sostenido por un largo período de tiempo, una manifestación que no quedará en la historia por sus dimensiones y ya el tan trabajoso dictamen de la Ley Ómnibus, Javier Milei se siente un poco más ganador que al comienzo de la semana.
La Ley Ómnibus tuvo cuantiosas modificaciones y el dictamen se sacó entre “gallos y medianoches”, pero salió. El paro pasó y no hubo mayores incidentes. El liberal y su riñón entienden que todavía cuentan hoy con el beneplácito de la sociedad, que parece entre resignada a la crisis o esperanzada que el “sinceramiento” de la inflación de 25% en diciembre y seguramente 20% de enero sea en pos de un futuro mejor. Aunque aún le quedan muchas batallas por dar y todavía no han llegado las más difíciles, las “fuerzas del cielo” están al pie del cañón. Ahora, el foco del economista estará abocado a conseguir la media sanción en Diputados, que podría complicarse ante los insistentes reclamos de los espacios radicales que dieron el sí para el dictamen, siguiendo luego la lucha con los gobernadores para obtener la mayoría en el Senado.
