El período de gestión 2023-2027 se presenta como uno profundamente distinto a cualquier otro que se haya vivido desde la provincialización de Tierra del Fuego. Si bien la isla presenta una reelección en sus cuatro cargos ejecutivos, con la excepción del intendente Vuoto que inició su tercer mandato, el contexto nacional difiere al de hace cuatro años y hasta el de hace ocho, cuando Mauricio Macri llegaba a la Rosada.
Con las mismas “figuritas”, algunas en otro espacio de responsabilidad política, como podría ser el caso del ahora legislador y exconcejal Juan Carlos Pino, la política fueguina atravesará un duro contexto nacional de un primer gobierno de un partido que podríamos considerar “independiente”, por fuera del pseudo bipartidismo que históricamente tuvo Argentina. En algún momento fueron el PJ y la UCR, luego fue el turno de antagonizar de la Alianza y más cerca en el tiempo Juntos por el Cambio. Actualmente, coexisten dos espacios que se identifican por oposición a otro, el peronismo, y en el caso particular de La Libertad Avanza hablamos de un signo político que transita su infancia organizacional en simultáneo a la máxima responsabilidad: la Presidencia.
En el medio del severo ajuste impulsado en los primeros días de gobierno por el ministro de Economía “Toto” Caputo, que bien podría tener ramificaciones más que directas para la matriz productiva de la isla si hablamos de la Ley 19.640 o una eventual reforma impositiva, también aparece un factor endógeno a la política fueguina: la reforma de la Constitución Provincial.
La dirigencia política local tiene un arduo camino por delante, y para buena parte de los ejecutivos será una forma de gobernar que explorarán por primera vez: gestionar siendo oposición. Independientemente de la evaluación que hagamos sobre el gobierno de Alberto Fernández y el “interinato” de Sergio Massa durante el último año y monedas, no podemos negar que Tierra del Fuego se vio beneficiada por un gobierno nacional del mismo tinte político. Hubo inversión en obras de infraestructura, viviendas, programas nacionales y principalmente fondos que permitieron un buen margen de maniobra a los ejecutivos y legislativos. Si uno le preguntase al intendente Vuoto, que durante sus primeros cuatro años a cargo de la intendencia era opositor al gobierno nacional, no debe ser nada parecido tener el teléfono de los ministros a que no te abran las puertas en Buenos Aires. Ahí, ante una mezcla de no conocerse y desconfiarse, los puentes que tiendan los referentes liberales como Agustín Coto y Santiago Pauli, ambos de llegada directa al presidente de la Nación, serán fundamentales para generar consensos que transmitan las necesidades de la provincia y sus instituciones.
No obstante de ese vínculo que pudiese generarse, la realidad es que tanto municipios como provincia deberán analizar y repensar la lógica de sus estados, así como sus misiones y funciones, considerando que la obra pública se paralizará al menos por un año y las transferencias del tesoro se mantendrán a un mínimo. Según un informe presentado por Politikon Chaco sobre la base de datos de MECON e INDEC, la provincia recibió más de 13.000 millones entre enero y noviembre de 2023, lo que la ubica en tercer lugar per cápita a nivel país. Ahora, sin esos fondos, será la muñeca a la hora de gestionar de los ya experimentados intendentes Pérez, Harrington y Vuoto, así como el gobernador Melella, la que determine qué gastos son esenciales y cuáles prescindibles.
Junto a ellos, los nuevos Concejos Deliberantes y la Legislatura, tendrá un rol primordial en acompañar y también confrontar en la búsqueda de mejores soluciones para los vecinos y vecinas de la isla que ya empiezan a ver esta inflación reprimida que ha sido destapada “comerse” sus salarios. La conflictividad social a nivel nacional tendrá sus réplicas en el territorio, obviamente a un nivel menor, dado los indicadores de calidad de vida de Tierra del Fuego y unas redes de contención social mucho más efectivas en términos relativos a otras provincias por la densidad y las características particulares de nuestra tierra.
Es muy probable que, al menos durante el primer año, veamos un frente común de toda la dirigencia política provincial junto a sindicatos, organizaciones sociales y demás actores políticos en oposición, los proyectos que pasen por el Congreso, así como los decretos que salgan de puño y letra del economista Milei. Aunque este reclamo sea en “unidad”, también habrá tensiones internas: los sindicatos van a seguir reclamándole a los ejecutivos, y de no llegarse a acuerdos, las medidas de fuerza se harán presentes.
No será un período fácil para nadie, mientras los hoy oficialistas vaticinan una luz al final del túnel, los opositores, al menos los racionales, esperan equivocarse recordando viejas historias de desregulación que no terminaron bien. El resultado está por verse, pero lo que en definitiva sostiene esta situación crítica es la ilusión de buena parte de la ciudadanía en un cambio definitivo, que ante el golpe, solo imagina ese futuro providencial que votó.
Una nueva elección: la reforma de la Constitución
Que Gustavo Melella siempre tuvo la mirada puesta hacia la carta magna provincial no es ninguna sorpresa. Recuerdo una entrevista que le realizó mi colega Aníbal Rachid durante la pandemia, donde el mandatario provincial resaltaba la importancia de optimizar el estado y pensar en trámites más sencillos, menos uso de papel y algunas cuestiones “institucionales” con las que no parecía muy conforme. Si a estos antecedentes le sumamos la existencia de proyectos con estado parlamentario, si mal no recuerdo del ex-legislador Furlan, para reformarla hace ya un tiempo atrás.
A mi entender, el problema, al menos en esta instancia previa al debate real sobre la Constitución, fue el método por el cual se llegó a dónde estamos parados ahora. Creo que una sesión express, en el último día de la previa composición de la cámara legislativa, es un accionar un tanto desprolijo. La ciudadanía, y también la gestión que se ha caracterizado por ser de corte conciliador y dar los espacios para el debate, se merecían algo mejor. Se priorizó la urgencia de estos cambios que sienten que necesitan, de forma inmediata, por sobre los modos. Con justa razón, tanto Pablo Villegas como Victoria Vuoto, criticaron esta metodología, destacando que no contaron con los tiempos necesarios para analizar lo que se busca cambiar.
Ahora, el fueguino y la fueguina atravesará un nuevo estadio electoral, donde serán electos las y los constituyentes que iniciarán el proceso de reforma de la Constitución Provincial. Aunque aún quedan por determinar las fechas y quiénes serán las y los candidatos a presentarse, será interesante ver el impacto que tendrá tanto en las plataformas electorales como las composiciones de listas, el escenario nacional. Como hemos visto en elecciones previas, donde lo nacional pesó por sobre los nombres, uno podría inferir que el impacto del ajuste y la percepción de la sociedad sobre el mismo (si las cosas mejoran o no) pesará y mucho el domingo que se asista a las urnas.
El 2024 será un año intenso en lo que refiere a política para Tierra del Fuego. Sumado a los cimbronazos propios del contexto nacional, habrá también una nueva etapa de convención, como ya había pasado en 2022 en la ciudad de Ushuaia. Con un período electoral breve, que seguramente comience como tal en marzo con el inicio de las actividades, habrá mucha tela para cortar tanto en la votación de las y los candidatos, como en el debate propio de la reforma. Los artículos que pudiesen modificarse, que representan alrededor de un tercio de la Carta Magna, abarcarán desde los límites del mapa, el nombre oficial de Tierra del Fuego hasta el uso de papel en el Estado, los cargos vitalicios, la capital provincial, el esquema de previsión social y los plazos de transición entre un mandato y el otro. Uno estimaría que buena parte del debate más encarnizado tendrá sus pilares en la posibilidad de una re-reelección, los cargos de espacios como el Tribunal de Cuentas, los inmuebles de la Obra Social, donde parece que se podría resolver la situación del edificio ubicado en San Martín y Fadul en Ushuaia, y por sobre todo la relación de coparticipación con los municipios, donde los intendentes y el gobernador podrían verse enfrentados. Si bien falta mucho, los partidos ya están trabajando en quiénes y cómo encararán la reforma, todo en el medio de una Argentina que atraviesa por sus propios cambios.
