Periodista de Tierra del Fuego.

El último viernes se retomó la discusión sobre el asunto N.º 227/21, proyecto de Ley que plantea reformar el régimen diferenciado de Previsión Social del personal docente de la Provincia. En esa reunión que se llevó a cabo en la legislatura provincial se hicieron algunas consideraciones para tener en cuenta a la hora de debatir este y los tres asuntos que se presentaron en la cámara.

Uno de ellos, y que sin dudas debe cambiar, es la actual ley de emergencia que actualmente está vigente. Como dato interesante es que al sacarle el carácter de la emergencia, hay que tener presente que generará una erogación de al menos 500 millones de pesos para la Caja. Es importante destacar, ya que estamos hablando de números que la caja tiene 1500 millones de pesos mensuales en haberes. A eso se le suma que el déficit aproximado para el presupuesto 2023 de unos 1400 millones, por lo que algunos ediles todavía no entienden de esta dónde saldría este dinero. 

Uno de los temas que habría consenso entre la mayoría de los legisladores son la recuperación del 82 % móvil, aunque la posibilidad de bajar de 120 meses a 60  el promedio para el cálculo del haber jubilatorio parece ser el de mayor discusión.

La reunión del viernes, no término de la mejor manera, ya que el Sec. Gral. del SUTEF solicito dictamen y fecha de la próxima sesión y los legisladores sostienen que el debate debe seguir, por lo que el sindicato comenzó con las desobligaciones este lunes.

Este lunes la Comisión N.º 1 que preside el Legislador Federico Greve volvió a reunirse y en esta ocasión los legisladores recibieron a las autoridades de la Caja de Previsión Social de la Provincia (CPSPTF) y a miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).

El Presidente de la Caja, Carlos Iommi, acompañado por parte de su equipo de colaboradores e integrantes del directorio, expuso la situación económica y financiera actual del organismo, y las proyecciones a futuro, simulando distintas variables que puedan incorporarse al sistema. Algo que los legisladores ya tenían conocimiento, pero era necesario que se planteara desde las propias autoridades.

Un dato no menor, pero seguramente habla del apuro de algunos sectores para que este tema se resuelva rápidamente, es que el 3 de octubre cierran las listas de las elecciones para elegir a los representantes tanto de los activos como pasivos que se realizarán el 16 de noviembre.

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