La visita de los gobernadores a la Casa Rosada se dio en el medio de rumores de cambios en el gabinete económico, que si bien fueron negados por Sergio Massa, parecen indicar que la ministra Batakis podría ser parte de un enroque que deje al frente de la carta al líder del Frente Renovador. Durante dicho escenario de especulación, fue la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quién declaró que la convocatoria era para tratar temas provinciales, pero desde los pasillos de la Rosada hablan de novedades con respecto al FMI y una reorganización política donde el presidente busca el apoyo de los mandatarios provinciales.
Gustavo Mellela, que junto al resto de los gobernadores mantuvo una reunión del CFI periódica donde suelen ponerse los temas de agenda, fue durante entrada la tarde que se llevó adelante la reunión con Alberto Fernández. La preocupación de los jefes provinciales pasa principalmente, según destacan algunas fuentes, por posibles recortes en fondos para la obra pública, así como el impacto de la subida del dólar blue.
Uno de los pocos mandatarios que hizo declaraciones fue Osvaldo Jaldo, quién manifestó que los gobernadores “están dispuestos a acompañar” las medidas que tome el Gobierno Nacional en relación con la situación económica.
Jaldo, a su vez, evaluó que los mandatarios provinciales están “preocupados” por la coyuntura económica y consideró que la ministra de Economía, Silvina Batakis, le “fue muy bien” durante su reciente gira por los Estados Unidos, con visita al Fondo Monetario Internacional además de las reuniones con el sector financiero y empresario de dicho país.
La Liga de Gobernadores se constituyó formalmente el 10 de junio pasado en la sede del CFI luego de varias reuniones preparatorias. El último encuentro del grupo de mandatarios que la integran se hizo el 24 de junio. Entonces, los gobernadores pidieron redoblar esfuerzos para lograr un «mayor federalismo en la toma de decisiones» y debatieron asuntos de coyuntura.
Los mandatarios nucleados en esta Liga de Gobernadores comparten su preocupación por la distribución de los recursos coparticipables y la disputa legal que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, donde la ciudad de Buenos Aires reclama fondos que eran girados por el gobierno macrista para el pago de la Policía porteña y que luego fueron reasignados por el Gobierno.
