La problemática de los perros es una de larga data en la ciudad de Ushuaia. Este miércoles, un nuevo capítulo en quizás avanzar hacia una solución se llevó a cabo, con la reunión de la Comisión de Calidad de Vida y Turismo del Consejo Deliberante. Allí, participó la ARAF, representada por su presidente Rosana Velez y parte de la Red de Políticas Públicas. Desde ambos lados, coincidieron a favor de políticas de persuasión, castración y educación, revisando casos exitosos de otras ciudades. Velez sostuvo que “estamos en contra de las políticas de encierro, es decir las coercitivas. Que el municipio ponga un predio fomenta el abandono y la irresponsabilidad de los cuidadores, porque de esta manera desaminás a que se castren animales. Poner un refugio significa que en la época de vacaciones la gente va a ir a tirar al animal a la puerta: total cuando vuelve busca otro”.
La propuesta presentada por el concejal del Partido Verde, Javier Branca, apunta a aumentar las multas, acompañado de un chipeo intensivo de los animales, a fin de registrar a sus dueños. La iniciativa, iría acompañada además con un refuerzo de la parte educativa, apuntando a los niños y niñas en edad escolar para generar concientización.
Lo importante, según entienden desde ARAF, es que las castraciones deben ser sistemáticas, extendiéndose a lo largo de todo el año y siendo sostenido a lo largo del tiempo. Para ellos menor espera en el proceso de castración implica resultados más rápidos. Si bien es verdad que la Municipalidad de Ushuaia, con el programa “Zoonosis más Cerca” ha atacado la problemática, y planea una serie de capacitaciones para tres veterinarios y otros tres ayudantes de cirugía para acelerar los trabajos, desde ARAF hablan de unos 50.000 mascotas en toda la ciudad.
Por su parte Virginia Tomasoni, representante del Colegio de Veterinarios, informó que no se están registrando grandes cantidades de abandonos y que los casos con patologías como son los tumores venéreos, transmitidas por perros no castrados, han disminuido. Sin embargo, recalcó que “es fundamental la educación y concientización” de los vecinos.
Más allá del trabajo impulsado por el Consejo Deliberante, vale aclarar que la provincia de Tierra del Fuego ya cuenta con dos leyes vigentes, también debatidas entre veterinarios, investigadores de CADIC y las distintas asociaciones. La Ley N°680, sancionada en el año 2005, plantea la prohibición de eutanasia, de acuerdo con la Ley Nacional N° 14.346, estableciendo la práctica de esterilización quirúrgica como el mejor método.
Dentro del Artículo N°5 de la misma encontramos que las autoridades de aplicación serán los ejecutivos municipales, en coordinación con la Subsecretaría de Salud Pública y el Ministerio de Educación de la Provincia. Desde allí, las autoridades velarán por su cumplimiento, pudiendo colaborara con asociaciones defensoras de los derechos animales así como otras instituciones.
Por otra parte, aparece la Ley N° 1.146. Sancionada en el año 2016, establece un programa de manejo de población canina y genera un presupuesto dentro de su primer artículo. “La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para evitar el impacto de los perros asilvestrados en la salud pública, la biodiversidad, la producción agropecuaria y las actividades recreativas al aire libre”.
Considerando las reglamentaciones existentes y las infracciones, resulta interesante proponer una nueva ley cuando la vigente tiene una aplicación un tanto “difusa”. ¿No sería más interesante que las leyes provinciales ya funcionasen?. El programa educativo, como señaló Branca, ya se hizo, pero perdió continuidad con el correr de los años. Quizá más que sumar reglamentaciones, sea más eficaz retomar las previas y ponerlas a funcionar.
