La semana pasada, con la firma del decreto que modifica el «Régimen de deducción del código único de descuento de haberes», comenzó un conflicto entre los trabajadores del banco provincial y el ejecutivo, con medidas de fuerza incluidas. Luego de una semana de idas y vueltas, en la ciudad de Río Grande, en una reunión que involucró al Sindicato de la Bancaria, el directora de la entidad financiera, el Poder Ejecutivo y la AREF, logró firmarse un acta acuerdo donde el gobierno se compromete a dar marcha atrás al decreto N° 1494/2.
Con un compromiso de trabajar sobre la redacción de la norma en los próximos 15 días, sumado al compromiso de no más medidas de fuerza, parecería que la cuestión está saldada. Lo que también se desprende de este conflicto y rápido acuerdo, es que el Gobierno Provincial no logra meter la mano en la caja de los entes autárquicos por las presiones de los trabajadores.
En el último punto del acta redactada el poder ejecutivo asume la responsabilidad de publicar el decreto en cuestión en el Boletín Oficial de manera concomitante con la resolución administrativa que instrumente debidamente los puntos planteados en el acta que se firmó a fin de preservar la buena fe de las partes y evitar erróneas interpretaciones sobre su aplicación que desvirtúen la realidad de la voluntad manifestada.
Parecería entonces, al menos a mi entender, que el Ejecutivo reconoce el error pero «dibuja» un escenario para no quedar expuesto. Bajo el manto de buena voluntad y evitar malas interpretaciones intenta deslindarse de la redacción original de la norma. Termina siendo el reclamo de los trabajadores el que deja en evidencia las intenciones gubernamentales y obliga, ante la presión y lo taimado de la maniobra, a dar marcha atrás.
