La novela interminable de la coparticipación continúa con un capítulo más, esta vez con el Superior Tribunal de Justicia sirviendo como escenario para una audiencia pública. Las idas y venidas, reconocimientos de deuda y desmentimientos posteriores, continuaron durante el mediodía de ayer encontrando una nueva posición del Ejecutivo Provincial: la deuda está, pero el reclamo, según entienden desde San Martín 450, es netamente político. Con expositores de los municipios, la provincia y el Fiscal de Estado, poco se resolvió. Mientras tanto, los fondos siguen sin aparecer, volviendo compleja la situación de los municipios, fundamentalmente el de Río Grande, principal afectado.
En primer turno, encargado de representar al Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, secretario de Gobierno, resaltó la falta de pagos en los últimos 30 días. Si bien reconoció el recibimiento de los certificados de definitivos, no alcanzarían ni el 2% de la deuda total reclamada. Por ello, propuso dos opciones: la aplicación de intereses citando el caso llevado a la Corte Suprema entre San Luis y el Estado Nacional, o el uso de astreintes, una sanción valuada en dinero contra el deudor que demora el cumplimento de una orden judicial.
Ushuaia por su parte sostuvo, a través de la secretaria de Economía y Finanzas, Brenda Tomasevich y el secretario Legal y Técnico, César Molina, el argumento que hemos escuchado a lo largo de este año: no sólo hay una deuda considerable de parte de la Provincia, sino que hay demoras que superan los 30 días en el envío de fondos, dejando así de cumplir los acuerdos homologados por la propia justicia.
Mientras los municipios fueron con la postura sostenida desde el inicio del conflicto, desde el ejecutivo provincial, con el ministro de Finanzas Públicas Guillermo Fernández, dejó más de un desacierto o “perlita” para la tribuna política. En su nuevo planteo, más apuntado al ámbito político que el de una mediación, aclaró que “el planteo es eminentemente político y no judicializable, por eso desde el gobierno negamos rotundamente la deuda porque entendemos que hay una estrategia para esmerilar la confianza pública del gobierno”. No obstante, si hacemos memoria, el gobernador Melella había reconocido dicha deuda y “se propuso trabajar junto a los intendentes para resolver la cuestión”. Fernández, lejos de cambiar el argumento y dar el brazo a torcer, hizo quedar a su jefe un tanto mal parado, diciendo que “el gobernador no entiende de finanzas”.
Virgilio Martínez de Sucre, Fiscal de Estado, aprovechó unos más que extensos cinco minutos para comenzar un recorrido histórico por el inicio de la coparticipación como tal en la provincia, argumentando que la Resolución 665 se cumple en tiempo y forma y retrucándole a Diaz, con una chicana: “estamos de acuerdo con lo que ha propuesto el prestigioso colega Díaz, que se haga una pericia y que la misma determine si la provincia ha cumplido en el año 2020 y 2021 con los plazos establecidos”.
Ya por el final de la audiencia, la Dra. María del Carmen Battaini, aprovechando el tiempo de preguntas para los demandados, dejó una reflexión sobre el sistema de transferencias, quizá también un poco fastidiada de los eternos incumplimientos y posteriores reclamos que la coparticipación deja en la provincia. Allí, la jueza hizo mención al sistema de transferencia entre AFIP y AREF, donde los fondos son transferidos diariamente, en una referencia directa a la tan mencionada Ley de Goteo Diario.
De todas las exposiciones pareció quedar algo claro: independientemente del reclamo de los municipios, hay un problema fundamental en cómo está pensado el sistema de coparticipación. Los alegatos de los demandados sobre “en tal provincia la coparticipación es menor” o “tal impuesto esta provincia no lo coparticipa” son convenientes hoy, que la gestión Melella domina las arcas provinciales, pero no algo que se haya hecho mención en su paso por el Municipio de Río Grande. A mi entender, desde FORJA ven los fondos como una forma de ejercer poder, no sólo sobre los municipios, sino también de ganar el favor de la sociedad, sea en obras, aumentos salariales o subsidios. Del otro lado, los municipios, que cuentan con un presupuesto y ciertas responsabilidades asumidas, ven que esta falta de fondos genera un desequilibrio que lleva a dejar impagas ciertas responsabilidades ya asumidas, volviendo a lo mismo: sueldos, obras, etc. Lo cierto que reclamar cómo es la división puede ser un debate en sí, pero no uno para dar mientras se retiene el dinero. Ninguna institución estatal pasa un momento holgado como para poder prescindir de tal o cual ingreso, sea del tamaño que fuere.
Otra reflexión para hacer es el rol del gobernador en todo este embrollo. Si Melella no sabe de finanzas ¿para qué sale a hablar? O, un planteo aún mejor ¿en dónde está el gobernador que no tiene información sobre el conflicto más importante que atraviesa la provincia?. Uno pensaría, que si el gobernador sufrió tanto la falta de pagos de la coparticipación durante su estadía en la intendencia de Río Grande, ya debería tener un manejo del tema. ¿No será que tuvo un “sincericidio” y Fernández tuvo que salir a emparcharla?.
De la audiencia pública de más de dos horas me voy con más preguntas que respuestas y, con una idea instalada: la ley de goteo es una herramienta necesaria para evitar este tira y afloje que no sirve de nada y no es más que una pérdida de tiempo. Pierden tiempo los funcionarios, pierde tiempo la justicia, y se pierde tiempo en el uso de los fondos. Las obras se retrasan, los programas quedan debilitados sin la asistencia necesaria, haciendo que el principal perjudicado, como en todas las disputas de poder político, sean los ciudadanos. La Legislatura, de floja actividad en lo que lleva de su mandato, deberá interceder para dirimir el conflicto, sea decantándose por uno o por el otro. Si bien FORJA cuenta con una mayoría en las bancas, habrá que ver con especial atención los roles de la UCR y el PJ, que se ha mostrado algo distante de la gestiones municipales.
