La crisis económica a nivel nacional y local no parece amainar y sus consecuencias son visibles: los negocios cerrados, la gente que compra solo lo esencial y una constante perspectiva negativa sobre lo que deparará nuestro futuro. Mientras tanto, desde las grandes mentes del Estado, establecieron un nuevo impuestazo, llevando la boleta del agua hasta dos veces su valor, respondiendo a una necesidad de recaudar para afrontar nuevos gastos. Si la crisis la padecemos todos, privados y públicos por igual, ¿por qué siempre terminan pagando el pato los privados?.
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos sorprendió a más de uno con un abultado aumento al agua, en una medida que llega tanto a domicilios particulares como comerciales. La decisión, se tomó luego de una audiencia pública, a la que por obvias razones, no pudo ir nadie. En otra decisión unilateral y pensada para financiar los aumentos salariales de funcionarios que desangran las arcas provinciales, desde la Provincia parecen observar una realidad muy lejana a la que experimentamos los ushuaienses. Con las ventas frenadas y un 70% de los emprendimientos privados a duras penas cubriendo cargas salariales, sacan de la galera otra herramienta para recaudar, pero no para distribuir. El privado paga los platos rotos, mientras el Estado Provincial vive en una especie de infinita bacanal, donde la crisis parece no ser un problema.
Con unas condiciones epidemiológicas que vuelven muy compleja la situación del turismo, los comerciantes, sobre todo de la capital fueguina, dependen del consumo local. Según informaciones de la CAME, Ushuaia ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con más negocios cerrados. Uno se preguntaría entonces si quizás esta medida deriva de la no visita de los funcionarios provinciales a la ciudad, la falta de sentido común, o algún tipo de alevosía hacia la ciudad. No obstante de los motivos ulteriores que podría esconder el aumento, lo cierto es que para la gran mayoría este aumento es un clavo, y hasta quizás el final, en el ataúd de su sueño: su emprendimiento. Con una inflación de casi el 80% en insumos para el sector gastronómico y hotelero entre marzo de 2020 y mayo de 2021 serán pocos los que lleguen al verano, Dios quiera con un volumen de turismo más cercano a los tiempos pre-pandemia. Sin plazas no hay mercado, sin mercado se cae la conectividad aérea y, lo que alguna vez fue uno de los destinos turísticos por excelencia en el país, pasará a ser una sombra de su pasado.
La situación es crítica, y la medida fue en verdad bastante rápida y sin miramientos. No se planteó una gradualidad o alternativas como el uso medido (algo que favorecería a aquellos que no se encuentran trabajando o están con aforo). La idea era recaudar y el objetivo parece logrado. Ante el enojo y rabia que la medida desencadenó en las redes sociales, desde la DPOSS anunciaron un 100% de descuento a los sectores vulnerables. Hasta ahí, uno podría hasta justificar la posición de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, pero al ver los requerimientos, entiende que los “vulnerables” son un puñado de los verdaderamente agraviados por la crisis económica. No pagarán este aumento personas con discapacidad, beneficiarios de RUPE y REDSOL, mayores de 60 sin ingresos superiores a las ayudas mencionadas y las instituciones públicas y entidades deportivas sin fines de lucro. Ahora bien: ¿qué pasa con las familias que apenas llegan a fin de mes? ¿qué pasa con el comerciante que no llega ni a cubrir el alquiler con ventas? ¿qué pasa con el hotel que lleva cerrado más de un año?.
Estos emprendimientos al borde de la quiebra y vecinos que no califican bajo los estándares de la línea de la pobreza, siguen estando en una situación de vulnerabilidad. Quizá pueden cubrir costos, pero claramente no ganan lo suficiente para asumir nuevos impuestos. Estos locales, pequeños emprendimientos y familias son los que mueven la economía: emplean personas, gastan en los comercios de la ciudad y mantienen la rueda funcionando. Ahora, en caso que algún funcionario esté leyendo y requiera un “refuerzo”, lo explicaremos de otro modo: son los que con sus impuestos pagan esos sueldos de un cuarto de millón de pesos y los subsecuentes cargos familiares. Si ellos no tienen plata, no pagan los impuestos.
Seguir ahogando al privado sin mayores planes para reactivar el consumo, batuta que parecen impulsar desde Nación y los Municipios pero poco se sabe de la Provincia, crea una situación insostenible que carece de lógica. El Estado no es el único que atraviesa por un momento delicado y hacer caer la responsabilidad de estos nuevos compromisos salariales en los vecinos pone en riesgo puestos de trabajo y la posibilidad del día de mañana generarse nuevos emprendimientos. Para un taller, un kiosco, una peluquería o un hogar sin ingresos exorbitantes, mil o dos mil pesos puede significar la diferencia entre llegar a fin de mes o no, puede ser la diferencia entre pensar en prescindir de un trabajador para reducir costos o simplemente bajar la persiana.
Uno espera mesura, diálogo y sentido de urgencia de quiénes lo representan en el poder ejecutivo. Hoy, una medida así, hace más daño que beneficio. El aumento, genera una brecha salarial entre privado y público que aumenta la tensión social, disminuye la circulación de dinero en los emprendimientos locales y termina congelando más una economía que ya estaba hipotérmica. Sería bueno una reflexión, un reajuste o hasta una marcha atrás, analizar los factores antes mencionados y empezar a pensar en alternativas que sean un punto medio. Hay que entender, principalmente en San Martín 450, que uno no es dueño de la verdad y muchas veces, en escuchar se aprende más.
Aumentar y subsidiar: la paradoja de la DPOSS
