Mientras para algunos de los políticos pasan su cuarentena tapados en conflictos y situaciones a resolver, otros cuentan con bastante tiempo libre. Para no perder la costumbre y la presencia en los medios, siempre que el tiempo lo permita, se puede reflotar alguna propuesta faraónica. En este caso, se trajo otra vez a la mesa algo que lleva más de 50 años rondando la lista de pendientes de la provincia: la conectividad marítima con el continente. Ahora, según la Dirección Provincial de Puertos, la idea viene de Nación. “El ministro Meoni le dijo al gobernador Melella que tenía una propuesta de un privado en el sistema de participación público-privada, para avanzar con el cruce por aguas argentinas” dijo Murcia.
Si hacemos un poco de historia, allá por 1972, mediante el decreto Nº 2985 del Poder Ejecutivo Nacional, se creó una comisión especial dentro de la órbita del Ministerio del Interior, para evaluar la posibilidad de realizar una conexión directa entre Santa Cruz y la Isla Grande de Tierra del Fuego vía marítima. Al año siguiente, en la resolución Nº 743, se crea una comisión para estudiar la factibilidad de la obra, ahora a través de la Dirección de Transporte.
Ya en 1976 la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables ordena que se realice un estudio para investigar que tan factible era la construcción de una terminal en Punta Loyola y otra en San Sebastián. En 1981 se creyó el ente de Unión Territorial, cuyo objetivo era la concreción de dicha conexión marítima. En el mismo año se plantearon dos puertos de operación alternativos: Punta Dungeness y Cabo Espíritu Santo, junto a la adquisición de un trasbordador.
Desde la perspectiva provincial, quizá para los más memoriosos, la ocasión más destacada fue durante el gobierno de Carlos Manfredotti. Allí se planteó una cabecera en Punta Dungeness y otra en Isla Grande, con un sistema de “roll on-roll off”. El emprendimiento estaba enmarcado bajo la ley “Pepe”, debido al diputado Lorenzo Pepe. En 1996 se creó una comisión para evaluarla, pero se vió truncada. Así podemos seguir contando las idas y venidas de un proyecto que siempre fue traído a la mesa de discusión pero parece inviable, ya con más de 48 años de “análisis”.
Si miramos el contexto del país y de una inversión público-privada de unos 300 millones de dólares (según los últimos cálculos), parecería bastante complejo conseguir un inversionista. El estado, que cuenta con compromisos numerosos en el plano internacional, no podría enfrentar el proyecto solo. Si vamos al caso de la provincia pasa lo mismo: hoy el gobierno tiene dificultad para pagar los sueldos sin aumentos homologados, ¿podría abocar fondos a una obra faraónica?. Lo que uno se pregunta luego de leer estas declaraciones tiradas al aire es ¿hace falta vender humo con proyectos inviables? ¿No sería más sensato, ante semejante crisis, en enfocarse en cuestiones más realizables?.
Ahora parémosnos en la otra vereda: digamos que el proyecto es realizable. En muchos casos se compara la obra al Canal de La Mancha, el que conecta Francia y Gran Bretaña. Con una distancia de 50,5 km de longitud en conexión de tren y variados recorridos marítimos. En este caso la distancia de Tierra del Fuego y Santa Cruz no estaría lejos: son 54 km de Cabo Dugeness a Cabo Espíritu Santo. Cabe destacar que la profundidad del Canal de La Mancha ronda entre los 50 y 100 metros y las mareas no tienden a ser tan agresivas como en el Mar Argentino. Quitando lo climático, el Canal tiene uno de los mayores tránsitos del mundo y conecta dos de las economías más grandes del mundo. En el caso argentino estaríamos hablando de conectar las provincias número 16 y 17 en términos de PBI. Según datos del INDEC, Santa Cruz y Tierra del Fuego representan en conjunto alrededor del 3% nacional. Conectar el Canal de La Mancha es un impulso privado por la ganancia que genera el contacto, en el caso nacional, sería un elemento para reafirmar soberanía y mantener una conexión para el transporte de personas; algo no tan atractivo para el privado.
El proyecto no es imposible, pero si cuenta con dificultades técnicas, climáticas y económicas que vuelven su desarrollo algo extremadamente complejo, más si consideramos la situación del país y las provincias. Las declaraciones de Murcia, y también las de Meoni, son poco oportunas: proponen algo que no se puede pagar y ya ha fallado previamente. ¿Vale todo para estar en el ciclo de noticias por una tarde?.
