Ya con una semana de conflictos, donde las calles chilenas se han visto ocupadas por multitudes de manifestantes, parece ser que las medidas propuestas por el presidente Piñera en su cadena nacional del martes no han calmado las aguas.
El estallido social fue desencadenado por un aumento en el precio del metro en Santiago, pero la tensión social en la que está sumida el país viene de larga data. Con constantes aumentos en los servicios, más un deterioro del salario y poca confianza en las instituciones públicas, Chile se enfrenta a su peor crisis desde la vuelta de la democracia en 1990. Piñera, lejos de desescalar el conflicto en un inicio, declaró ante las manifestaciones y los destrozos del metro lo siguiente: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Se extendieron también, a lo largo de Santiago, algunos saqueos a supermercados, comercios y un famoso hotel del centro de la ciudad.
Mientras sigue habiendo un toque de queda en siete regiones del país, se estiman más de 700 detenidos por las protestas y 18 fallecidos. Según el ministerio del Interior, aún hay más de 100 focos de violencia distribuidos a lo largo del territorio. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se condenó el uso excesivo de la fuerza y se espera que en los próximos días una misión de Naciones Unidas visite Chile a fin de aclarar las denuncias por la brutalidad policial y militar, que presenta casi 60 causas judiciales.
Aunque en Santiago comenzó a regularizarse la circulación de los colectivos y el funcionamiento de las áreas comerciales, las manifestaciones continúan, congregando a lo largo del país a unas 424.000 personas. Estas últimas protestas fueron más pacíficas que las iniciales.
El martes, viendo que la masividad de las manifestaciones, el presidente Piñera decidió, en cadena nacional, expresar una serie de medidas en forma de agenda social, para intentar acercarse a las demandas realizadas por el pueblo. Las mismas abarcan desde una reforma en el sistema de pensiones, techos a los costos de salud y medicamentos, aumento al salario mínimo y el retroceso de los aumentos en tarifas eléctricas (el Senado ya había retractado el aumento al metro el lunes).
Las medidas en general, buscan incrementar los ingresos de los que menos tienen (un aumento del 20% a la Pensión Básica Solidaria y otro 20% al Aporte Provisional Solidario, que abarcaría a un 1.500.000 de pensionados en total. El sistema previsional chileno toma cerca del 12% de los ingresos del trabajador por parte de empresas privadas y hoy está entregando pensiones que rondan un 40% del sueldo mínimo.El salario mínimo también se vio modificado con una suba de 422 dólares mensuales a 482. El Estado complementará en los trabajadores de jornada completa que no llegasen a ese monto. Asimismo, la cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que rebaja de 45 a 40 horas semanales las jornadas completas.
El techo en los gastos de salud busca, a través de una ley que se debate en el Congreso, generar un complemento donde el estado cubra gastos superiores a determinados montos. Lo mismo se hará con los medicamentos, además de negociar una reducción directa a los precios con las farmacias.
La luz, que había subido un 9,2% recientemente, volverá al precio anterior, parte de un mecanismo de estabilización de las tarifas.
A modo de financiamento de las distintas medidas, se establece un impuesto a la renta, para aquellos que cuenten con ingresos superiores a los 11.000 USD mensuales. Estos pagarán un 40%. También se reducirán los sueldos de funcionarios y dietas parlamentarias.
Las medidas a priori, parece que tendrán un impacto positivo en el bolsillo de los trabajadores, la pregunta es: ¿Por qué las manifestaciones no se detienen?.
Primero y principal, el problema de Chile no era una pérdida del poder adquisitivo del corto plazo, sino una acumulación que se dio a lo largo de años. Donde los trabajadores ven al país crecer, realizarse obras y el crecimiento económico de empresas y empresarios, pero que nunca se traslada al desarrollo del pueblo chileno.
Muchos comparan la crisis chilena al 2001 en Argentina. Si bien hay ciertas similitudes en la magnitud y ese descreimiento de las instituciones y los funcionarios que las representan las causas son diametralmente opuestas. Mientras Argentina vivía uno de sus peores períodos económicos, con restricciones al retiro de dinero y una posterior devaluación, Chile transita una época próspera en lo que refiere a su macroeconomía. El PBI creció un 4% en 2018 y no presenta cifras negativas desde 2009, producto de una crisis exógena a nivel internacional. En 2019, se estima que ronda el 2% aún con un trimestre por transcurrir. El tema es, que el PBI per cápita se ha visto reducido en al menos un 1,1% en el último trimestre de 2019. El coeficiente de Gini (índice que se utiliza para determinar la igualdad en los países) determina que Chile es uno de los más desiguales del mundo (de los 101 países analizados en 2016, Chile ocupaba el 7mo puesto, siendo el tercero de Sudamérica bajo Colombia y Brasil). Para darnos una idea, Argentina suele estar entre unos 4 o 5 puntos porcentuales por debajo (es decir es más igual la distribución).
El problema de Chile no es productivo o económico, es la redistribución de la riqueza. Los que menos tienen cada vez ganan menos y se enfrentan a una multitud de gastos fijos tales como salud y educación; mientras los más pudientes se benefician del momento próspero del país. El reclamo se vio disparado por el aumento del metro, pero deja entrever una serie de conflictos entre los trabajadores, que no ven el famoso “derrame” de la economía: donde el crecimiento del país lleva al desarrollo del pueblo, sino una creciente desigualdad que no se soluciona con algunos aumentos al salario y un impuesto a la renta. La solución que, a mi criterio, buscan los chilenos es un Estado que ofrezca igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos.
