Mucho se habló, a lo largo del año, sobre la vigencia de la Ley de Tránsito chilena (N° 20.068), que sólo permite el polarizado de fábrica de los vehículos. Distintos personajes del ámbito político hicieron mención al tema en los últimos meses y llevaron a cabo reuniones con diversos funcionarios, pero la normativa continúa vigente y el riesgo de una posible multa, también.
El punto de partida se produjo a mediados de año, cuando una familia oriunda de Río Gallegos fue multada por autoridades chilenas durante su estadía en la ciudad de Punta Arenas. El caso se multiplicó en los medios de comunicación y generó temor entre los ciudadanos argentinos con alguna expectativa de viajar a la localidad turística.
En Río Grande, el cónsul chileno, Francisco Fuenzalida, se encargó de aclarar una y otra vez que la normativa tiene vigencia y, si bien los conductores que tengan vehículos polarizados son sancionables, esto dependerá estrictamente del agente que esté a cargo del control.
En los últimos días Fuenzalida fue consultado sobre el tema, en el marco del inicio del periodo vacacional, y agregó que, “como es una ley del Estado no puedo llegar a ningún acuerdo con nadie, es una ley que se aplica en todo el Estado de Chile, para eso tendría que modificarse la ley en el Poder Legislativo, y esa no es la intención”.
Las declaraciones del representante chileno en el norte fueguino significaron un tiro por elevación al concejal riograndense Paulino Rossi (UCR-Cambiemos) y su par de Ushuaia, Tomás Bertotto (Cambiemos), quienes dieron a conocer, de manera individual, ciertas garantías tras diversas reuniones con funcionarios nacionales y del país vecino.
En el caso de Rossi, la referencia fue en el marco de la antesala del Gran Premio de la Hermandad. El representante de la Unión Cívica Radical se reunió con la Gobernadora de Tierra del Fuego (Chile), Margarita Norambuena, y posteriormente garantizó el tránsito por el país vecino sin inconvenientes con respecto a las multas por vidrios polarizados.
Sin embargo, horas más tarde, esa afirmación fue desestimada de plano por el Comisario de Carabineros de Tierra del Fuego, mayor Juan Pablo Ríos, otro de los actores participantes del encuentro: “Nunca le hablé de tregua o de acuerdo; le dije que cuando Carabineros efectúa un control tiene la posibilidad de hacer ‘labor educativa’, o cuando se implementa alguna norma nueva por ejemplo, se entregan partes de cortesía”, aclaró.
Con el tema latente tanto en Tierra del Fuego como en Santa Cruz, el concejal ushuaiense Bertotto optó por iniciar lazos con funcionarios del escenario nacional, como la Directora de Límites y Fronteras, Mónica Dinucci.
Al igual que Rossi, Bertotto buscó llevar tranquilidad a los vecinos fueguinos; citó un acuerdo entre las partes, donde también estaban notificados el el cónsul argentino en Punta Arenas, Jorge Horacio Insausti y el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón.
Aunque no existe ninguna certeza de que los conductores argentinos no sean multados, debido a que cualquier autoridad de contralor en Chile podría basarse en la Ley de Tránsito vigente para efectuar una multa por la utilización de polarizados, los funcionarios locales de Río Grande recomiendan realizar el trámite de la oblea.
El mismo puede realizarse en la Subsecretaría de Participación Ciudadana (Ricardo Rojas N° 636), donde al propietario del vehículo se le otorgará un papel para abonar en la Dirección de Rentas Municipal, a un valor de 113 pesos, con el que deberán regresar acompañados de un comprobante de pago.
El polarizado del vehículo se someterá a revisión (sobre todo se hace hincapié en la visibilidad del exterior hacia el interior) y, si cumple con los requisitos, se le colocará la oblea. El trámite se realiza de la misma manera en el caso de la renovación de la oblea.
