La investigación por el incendio en la fábrica de plásticos Isla Grande avanza y, en el transcurso de la última semana, perdió fuerza la hipótesis de la participación de dos menores en el origen del ígneo; pero, además, hubo un visible descontento por el abordaje de la noticia, con excesos en la divulgación de datos de los menores en cuestión.
La semana pasada surgieron varias aristas sobre el mismo tema: el futuro de la empresa, la ayuda del gobierno provincial para reactivarla y, principalmente, la investigación para determinar si el incendio fue intencional; algo que ya fue confirmado por el propio Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo del doctor Daniel Cesari Hernández.
Ante la catástrofe, algunas acciones judiciales se vieron demoradas por las medidas preventivas de todos los agentes participantes en la zona; sin embargo, las primeras investigaciones pudieron desarrollarse y también, la toma de declaraciones hacia alguno de los actores involucrados.
Como se dijo, la hipótesis que sonó más fuerte implicaba la participación de dos menores, aunque en ningún momento el denunciante, parte de la gerencia de la empresa, ratificó esa versión.
“Hay captación de imágenes de menores (en las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho), pero muy lejos como para vincularlos y mucho menos para resolver el caso, porque las imágenes muestran a los menores fuera del área del incendio. Me pareció bastante lamentable que se difundiera la identidad de los menores, que todos debemos preservar, independientemente de que estén vinculados o no”, reflexionó Cesari Hernández, quien, al paso, cuestionó el tratamiento de la noticia en algunos medios de comunicación locales, que brindaron varias referencias sobre la identidad de ambos.
Las normativas que contemplan y exigen la preservación de la identidad de los menores son varias: la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 8, marca que “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño y preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.
En el ámbito nacional, la Ley N° 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, incluye la figura de los medios de comunicación: “Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar”.
Al margen de las leyes y el contexto legal, que están para cumplirse, ¿qué clase de aporte realiza un medio de comunicación a su audiencia cuando divulga los datos de un menor? Ninguno.
Por el contrario, esa hipótesis inicial que era ratificada y multiplicada con el paso de las horas posteriores al incendio, generó todavía mayor indignación en las redes sociales, con decenas de comentarios en contra de los menores y, especialmente, sus padres.
En este caso, esa decisión tomada por los responsables de los medios de comunicación, está más cerca de alentar la bronca y otros sentimientos negativos. Desinforma y hasta otorga una sentencia (mediática, claro) en un hecho, que aún está sometido a investigación.
Las líneas de investigación parecen estar más encaminadas a partir de las declaraciones de varios testigos. Por lo pronto, habrá que esperar mayores precisiones en un tema sensible, cuya herida perdurará por un largo tiempo.
Lo que está fuera discusión, sin dudas, es la falta de responsabilidad (o el desconocimiento) a la hora de tratar, mediáticamente, temas que involucran a menores. Corregir esas decisiones permitirá comunicar mejor, quizás con menor inmediatez pero sí con mayor sensibilidad.
