En el marco de la inauguración del nuevo hall de ingreso del Hospital Regional Río Grande, la gobernadora Rosana Bertone anticipó la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra el Municipio local por la obra del Centro de Transferencia del servicio de transporte público, que podría dificultar la entrada y salida a la guardia del nosocomio.
La intención del gobierno provincial es reflotar un proyecto de 1994 y ubicar la Guardia del HRRG con entrada por la avenida Belgrano, tal cual funcionó antes de “mudarse” hacia el sector opuesto, lindante a Estrada.
En la zona cercana a Belgrano habrá mayor cercanía con sectores clave como terapia intensiva de adultos, terapia pediátrica y el área crítica del hospital.
Del otro lado, el Municipio anunció, en febrero de este año, en un acto en el CGP “Padre José Zink”, la construcción del propio Centro de Transferencia del servicio de transporte público de pasajeros, además de la ampliación de cuatro a siete líneas de colectivos, con el objetivo de cubrir las nuevas urbanizaciones de la ciudad.
En ese sentido, el nexo entre los diferentes recorridos será el Centro de Transferencia, el cual contará con una sala de espera, oficinas administrativas, baños, un espacio particular para los choferes y rampas de acceso para personas con discapacidad.
La obra fue valuada en 6 millones 540 mil pesos y comenzó en el mes de junio, por lo que desde el Municipio, aseguran que está avanzada en un 40 por ciento.
Las objeciones también se plantearon desde la Legislatura provincial. Al respecto, Myriam Martínez (Bloque FPV-PJ), definió como “un disparate” la decisión del Ejecutivo municipal el lugar de la instalación del Centro de Transferencia: “Se está construyendo prácticamente sobre la vereda, está la estación de servicio muy cercana, el playón de estacionamiento, los trabajadores del hospital (aproximadamente 1200), los del centro cultural Yaganes, los pacientes, todo está concentrado en la guardia”, describió.
Asimismo, Martínez citó el artículo 49 de la Ley Nacional N° 24.449 que, en su Inciso B, prohíbe el estacionamiento y la autorización del mismo “frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta diez metros a cada lado de ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento”.
El secretario de Infraestructura del gobierno provincial, Carlos Manini, consideró “una barrera arquitectónica” la obra municipal y aclaró que el problema es el lugar de la misma, con “colectivos entrando y saliendo y gente esperando” sobre la Guardia.
El funcionario provincial agregó que, cuando comenzó la obra del Centro de Transferencia, se comunicaron con la secretaria de Obras Públicas, Gabriela Castillo, para explicar la situación que se generaría y aseveró que están dispuestos “a colaborar en lo que sea para llegar a buen término” con el Municipio de Río Grande.
En el acto de inauguración del nuevo hall de ingreso del hospital, la gobernadora Bertone calificó como “una bomba de tiempo” la instalación del Centro de Transferencia de colectivos “al lado de la salida de emergencias” y citó los informes realizados por el área de emergentología.
La respuesta del Municipio llegó a través del secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Federico Runín, quien pidió al gobierno provincial “madurez política” y evitar “medidas legales innecesarias que lo único que van a hacer es terminar perjudicando a los vecinos”.
Runín consideró la obra del Centro de Transferencia como “una parada más de colectivos, techada, dotada de ciertas comodidades y tecnologías adaptadas para una mejor espera del vecino” y argumentó que el flujo de colectivos será sólo para el ascenso y descenso de pasajeros, sin permanencia en el lugar.
Con el tema planteado y la obra en curso, es una incógnita saber qué sucederá con el Centro de Transferencia, que se convirtió en otro capítulo de la disputa entre el gobierno provincial y el Municipio de Río Grande. Ahora, la cuestión parece encauzar hacia la vía judicial.
