Una historia tan compleja como la de la planta de Urea en Río Grande necesita más de una parte para ser contada en detalle. Si recapitulamos brevemente lo mencionado en el artículo anterior: el primer “Convenio Chino” firmado por Fabiana Ríos y TEQSA nunca llegó a ver la luz luego de sendas protestas por su falta de transparencia y un proceso de contratación directa que fue considerado inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia.
Retomando la historia, para julio de 2010, posterior al fallo, el Gobierno de la Provincia genera una licitación exprés a la cual solo Tierra del Fuego Energía y Química S.A se presenta. Así, comenzaría la segunda etapa de la inversión china por 800.000.000 USD en la isla y el tan ansiado adelanto de 30.000.000 USD como símbolo de buena fe.
El cambio de contratación directa a licitación no modificó la posición de buena parte de la oposición. El mismo fue resistido por tres figuras prominentes de la política provincial: las entonces diputadas Liliana “Chispíta” Fadul y Rosana Bertone junto al legislador, que hoy atraviesa su 7° mandato en el parlamento fueguino, Damián “Loly” Löffler. Tanto “Chispita” como “Loly” ya habían realizado una recolección de firmas para su freno, algo a lo que el Concejo Deliberante de Ushuaia se adhirió bajo la presentación de “Lolo” Cárdenas, buscando generar una consulta popular sobre el tema. Ahora, los puntos de debate en cuestión era el precio del BTU, unidad de medida del gas, establecido dentro del acuerdo a valores muy inferiores a los de mercado, algo que también abría la puerta a un posible desabastecimiento del mercado interno.
Aún previo a votarse, el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre realizó una serie de pedidos que consistían en agregar una cláusula de rescisión ante incumplimiento de la inversión y establecer otros causales referidos al posible agotamiento de las reservas o indisponibilidad de las mismas. En ese ínterin entre septiembre donde se firmó el nuevo acuerdo y su votación en diciembre, también pasaron cosas raras. Por ejemplo, el legislador Raimbault pasó de ser un acérrimo defensor del proyecto a decir que su bloque no contaba con una copia del convenio que debía votar. Un mes después, quién fuese uno de los hombres fuertes del oficialismo en el Parlamento pedía por un plebiscito, a lo que raudamente fue relegado del espacio.
A pesar de los reclamos, la Legislatura Provincial el 18 de diciembre de 2010 votó a favor del acuerdo con un conteo de 11 por la positiva y 3 por la negativa. En el medio, la denuncia de compra de votos por parte de Esteban “Chiquito” Martínez del Partido Justicialista. En ese entonces, Miguel “Pajarito” Wilder lo había invitado a su par de banca a “ir juntos a denunciar a la Justicia”. De allí, muchos recordarán la famosa frase de “Chiquito”: “esto es como las brujas, dicen que no existen, pero que las hay, las hay”. Con el acuerdo votado, aparece el famoso pago de los 30 millones de dólares.
Entrados en 2011, Fabiana Ríos promulgó el Decreto N° 2.848 y Ley Provincial N° 828, lo que daba por aprobado el “Convenio Chino II”. A pesar de ello, el segundo pago prometido por la empresa no se hace presente y se suman los problemas: un barco con cemento y hierro necesario para la instalación de la planta no puede ingresar al puerto de Ushuaia por problemas en las importaciones, teniendo que recalar en Punta Arenas. El avance sigue siendo nulo y el tiempo pasa hasta llegar a 2012, donde el Ministerio de Industria de la Nación publica el Decreto N° 1272/2012 conocido como Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina.
Vale recordar que este Decreto N° 1272 significó bastante más a nivel país: fue el que nacionalizaba, o expropiaba, la parte mayoritaria de YPF de las manos de REPSOL. Por ese entonces el interventor provincial de YPF y vicegobernador Roberto Crocianelli hablaba de una posible asociación de TEQSA con alguna petrolera para facilitar los avances. Para julio del mismo año, la empresa china ya transitaba su tercera prórroga de 60 días, siempre a la espera de ese segundo depósito de los pagos anticipados de regalías, vencido en diciembre de 2011.
Con múltiples prórrogas vencidas, más la posición de Nación discutiendo los valores del precio del BTU establecido entre Provincia y TEQSA, parecía que el proyecto no haría pie. Tal es el caso que para 2013 la empresa se retira de Río Grande, reenvía parte de su equipamiento varado en Punta Arrenas a China y pone a la venta otro remanente.
El golpe final llegará con el cambio de gobierno: en 2015 con la victoria de Rosana Bertone, una de las principales detractores del acuerdo, se intensifica el trabajo para darlo definitivamente de baja. Sustentada en los puntos cuestionados previamente, la entonces gobernadora establece el Decreto N° 1426/16, donde se rescinde el “Convenio Chino II”. Desde entonces, cada cierto tiempo aparece algún avance judicial sobre el caso, tratando de resolver qué pasaría con esos 30.000.000 USD entregados, así como posibles cargos por incumplimiento.
De este modo, otros 6 años de disputas legales y, por sobre todo, procesos poco transparentes parecen dar fin al sueño de industrializar el gas fueguino. Si podemos remarcar algo positivo de la gestión Ríos es su capacidad de hacer escuela: el “Convenio Chino” es un gran compendio de todo lo que no se debe hacer. Un acuerdo declarado inconstitucional y otro que terminó en el limbo legal por incumplimientos, siendo fuertemente cuestionado por su falta de planificación en caso de necesitar ser rescindido.
