La industrialización del gas fueguino, a través de una planta de urea en la ciudad de Río Grande, es uno de los tantos proyectos para el desarrollo de Tierra del Fuego que ha quedado trunco por alguna razón u otra. El Puerto en Río Grande, ahora reactivado, las salmoneras, el “roll on-roll off” o cruce marítimo y hasta el puente de Gastón Roma Diputado MC que conectaría con el continente, parecían la “bala de plata” que la provincia necesitaba para pegar el salto y tener un crecimiento genuino por fuera de la industria electrónica, hoy en un lugar endeble luego de las reformas a las importaciones, y el turismo, hoy golpeado por la revalorización del peso.
Sea por A o por B, léase problemas de financiación, de análisis, impacto medioambiental o factores exógenos, la gran mayoría de estas propuestas nunca vio la luz del día. Ahora, luego de un histórico acuerdo entre el Gobierno de la Provincia y Tierra del Fuego Energía y Química S.A, parece que la industrialización del gas se sumará al Puerto “Las Violetas” en Río Grande como dos ideas que finalmente se concretan.
Antes de llegar a la noticia actual, sería interesante hacer un poco de memoria. Si bien el “Convenio Chino” que todos conocemos tuvo firma en septiembre de 2010, la cuestión comenzó en diciembre de 2008 cuando la Legislatura Provincial aprobó el convenio para la construcción de una planta de etanol, firmado por la entonces gobernadora Fabiana Ríos. La idea consistía en que Nación pagase un porcentaje de las regalías en gas a la Provincia, que vendería ese mismo recurso a TEQSA, llamada entonces TFEQ, a un precio superior al valor de las regalías, pero inferior al del mercado. Esto, junto a otros “detalles” que presentaremos más adelante en esta historia de cómo no hacer las cosas, llevaron a objeciones del Fiscal de Estado y el Tribunal de Cuentas.
Para mayo de 2009 el entonces vocal del Tribunal de Cuentas, Luis Caballero, recalcó que dentro del expediente había documentos no certificados, falta de folios, traducciones del idioma chino que no habían pasado por una instancia oficial y, quizás lo más importante, una empresa que contaba con pocos activos registrados para semejante inversión. Esto desencadenó en junio en un allanamiento a la Secretaría de Hidrocarburos y el Archivo General para secuestrar dicho expediente, ordenado por la jueza María Cristina Barrionuevo. Allí encontraron que el mismo tenía 31 fojas de más que el enviado a Legislatura, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, algo irregular cuanto menos.
La historia sigue al mes siguiente con la diputada Liliana “Chispita” Fadul reclamando una consulta popular y a los legisladores que rechacen la primera de muchas prórrogas que este convenio y el subsiguiente tendrían. A pesar de las objeciones y reclamos, Ríos firma un acta acuerdo con la empresa para hacer el pedido de la prórroga, algo a ratificar por la Legislatura. Ya en octubre, el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre presentó una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para evitar que el Gobierno Provincial avance hasta que el Tribunal de Cuentas y la Legislatura lo aprobasen, algo que implicaba modificar la Ley N° 774. En ese entonces, Carlos Bassanetti, quién había renunciado al cargo de vicegobernador un año antes, habló de “inconstitucionalidad en la contratación directa”. Siguiendo esa línea, es el propio Superior Tribunal que declara inconstitucional la Ley N° 774 en diciembre de 2009. Para Bassanetti, el Fiscal de Estado, la Justicia fueguina y prácticamente todos menos Ríos había una cosa clara: no se podía realizar dicha operación de venta de regalías de forma directa.
Así, cierra la primera parte de esta larga historia. Un proyecto de gran magnitud que podía cambiar la matriz productiva fueguina, pero había presentado múltiples irregularidades desde su inicio y un “apuro” del Ejecutivo por resolver, quizás en la búsqueda de ese famoso adelanto de “buena fe” de 30.000.000 de dólares.
