El Honorable Congreso de la Nación es hoy, bien podríamos decir, el espacio institucional de la política más importante. Con 329 representantes, 257 por Diputados y 72 por Senadores, tendrán un rol crítico en un momento bisagra de la democracia argentina: legislar una reforma del Estado, que sin importar si estamos a favor o en contra, podríamos comparar en magnitud casi con una reforma constitucional. De esos 329, 8 son las y los elegidos por Tierra del Fuego para hacer escuchar la voz de su ciudadanía, la pregunta es: ¿se harán escuchar?.
La representatividad de cada distrito, algo que bien podría ser modificado con la famosa Ley Ómnibus que tanto revuelo viene armando estas semanas, es un elemento clave en el juego de la democracia para hacer escuchar todas las voces: no solo las partidarias, sino los intereses regionales de cada territorio. ¿Quién mejor para entender la situación de Tierra del Fuego que alguien que vive activamente en ella?.
Saliendo de ese mundo ideal y teórico, la realidad es bastante distinta. Con pocas excepciones, las y los representantes de cada provincia terminan respondiendo a uno de dos amos: su gobernador o su partido. En épocas de un Congreso de mayoría oficialista, como ha sido en la mayoría de los casos desde la vuelta de la democracia, los votos eran fáciles de contar y con solo escuchar a algunas figuras claves se podría vaticinar el resultado a la hora de levantar las manos. Ahora, en un contexto donde el oficialismo es minoría en las cámaras y las reformas parecen apilarse en los despachos del Congreso, poco hemos escuchado de nuestras y nuestros representantes sobre los artículos, quedando todo reducido a repetir el discurso del espacio o siendo tan generales que parecen dispuestos a negociar sin ningún limitante.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hoy cuenta con tres senadores, al igual que los otros 23 distritos, con Pablo Blanco por UCR y María Eugenia Duré y Cándida Cristina López del FDT cuando ganaron las bancas hoy UP, esta última en reemplazo del fallecido Matías Rodríguez. Por Diputados, corresponden 5 asientos en Andrea Freites del FDT/UP, Jorge “Koky” Araujo y Carolina Yutrovic del mismo espacio, Héctor “Tito” Stefani del PRO y Santiago Pauli de Republicanos Unidos y único oficialista. Vale aclarar que para Freites, Araujo y Pauli este es el inicio de su mandato, con algo de un mes como diputados.
En un atípico verano en lo político, que suele ser un tiempo de transición y un Congreso de vacaciones, el flamante presidente Javier Milei movió las aguas con un DNU gigante que deberá pasar por la Comisión Bicameral y el llamado a Sesiones Extraordinarias hasta fines de enero para tratar la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que es casi tan larga como su nombre. Entre esos centenares de artículos que se derogan, modifican o crean entre DNU y Ley, hay varios que impactan directamente a la provincia especialmente, como podría ser los de Pesca, Bosques Nativos, y otros de alcance general como Ley de Alquileres, protocolos de seguridad, servicios esenciales y su impacto en el derecho a huelga, privatizaciones y Movilidad Previsional entre otras tantas.
Con esta catarata de medidas propuestas, con otras tantas idas y venidas por parte del hoy oficialismo sobre puntos críticos de las mismas, uno espera, pretende o anhela declaraciones firmes de quiénes lo representan. Entre las declaraciones hay para todos los gustos. Tenemos un Araujo y un Pauli, este último oficialista, que por ahora mantienen silencio de radio, quizás a la espera de más precisiones o aún descifrando cuál es su despacho. Siguiendo por el ahora denominado Unión por la Patria, tanto Freites como Duré y Yutrovic se han expresado con preocupación con comunicados en línea con al que hoy identifican como referente del espacio en Axel Kicillof. La posición de Duré por ejemplo, si bien menciona aspectos específicos a Tierra del Fuego como son la conectividad aérea o la industria, algo que la ley no toca de forma directa, sino indirecta con modificaciones al proceso de importaciones, es una posición partidaria por sobre una individual. No es de extrañar: en el PJ uno conduce y el resto acompaña.
Para ser justos, vayamos a la otra punta del espectro político. Pablo Blanco, senador por UCR/Juntos por el Cambio, ha tenido una mayor relevancia en los medios con sus declaraciones. El senador habló de “defender la soberanía”, algo que si bien tomo como muy positivo, no es concreto. Del lado de diputados Stefani pidió más tiempo para “tomar postura”.
En resumen, de 8 representantes contamos con dos que no se han expresado, cuatro que se apegaron al guion partidario, uno que no es aporta mayor claridad y otro que necesita tiempo. Si bien es obvio que algunos han evitado ser demasiados tajantes para abrir la puerta a negociaciones, resulta un tanto extraño que con las estructuras del poder Legislativo (asesores) todavía no haya pronunciamientos concretos sobre las distintas partes de un DNU y Ley que lleva algo de 3 horas leerlo de forma completa.
No busco minimizar el trabajo de nuestras y nuestros representantes, ni negar la importancia de mirar las reformas desde una perspectiva nacional por sobre los intereses regionales, pero por las declaraciones, o falta de ellas, parece que nuestras voces en el Congreso han quedado atrapadas en una lógica partidaria que es limitante y, por lo menos de cara a la comunidad, no se presenta como diversa sino como una extensión de los tres tercios que hablaba Cristina: están los que votarán cualquier cosa que mande el ejecutivo, los que buscarán negociar algunos aspectos y los que rechazarán, aunque la propuesta pudiese tener algún beneficio como podría ser Boleta Única.
Independientemente de las opiniones a favor o en contra del DNU y la Ley Ómnibus, desde cualquier espacio político con el que tengamos afinidad debería poderse rescatar algún aspecto de la misma. Habrá claramente artículos de mayor controversia, tales como establecer aumentos por decreto para las y los jubilados, los cambios a las retenciones o la privatización. Otros, que hacen dudar de la sanidad de quiénes redactaron el proyecto como el artículo 52 donde determina que el magistrado “vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia”. En un país donde 6 de cada 10 chicos son pobres, parece un delirio siquiera fijarse en tamaña sandez. Y por último, apartados que con alguna modificación menor como la disolución de matrimonio podría agilizar un trámite.
El debate legislativo será arduo y con numerosos momentos tensos, como ya vimos en el inicio de las comisiones. Allí, esperaremos que algunas de las voces que se alcen, sean a favor o en contra, sean las de los representantes fueguinos. Y, por sobre todas las cosas, que los intereses que primen sean los de las y los fueguinos, que las y los pusieron en ese espacio de privilegio.
