La presentación de un nuevo proyecto para la eliminación progresiva del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego cayó como un balde de agua fría en un contexto político y sindical de mar de aceite. La irrupción en diputados de este nuevo ataque a la industria local generó una oleada de repudios desde todo el arco político provincial, siendo mayor o menor el tenor dependiendo de su posición en el espectro político. La UOM seccional Río Grande, ni lerda ni perezosa, anunció un paro con movilización para este próximo miércoles de 13 a 17 horas en defensa de la Ley de Promoción Industrial. La pregunta es: ¿a quién le están haciendo el paro?.
El dirigente metalúrgico, Oscar Martínez, planteó que un congreso de delegados resolvió la medida de fuerza para este miércoles 19, incluyendo un paro y movilización. Según Martínez, “de esta manera nos expresamos y convocamos al resto de los sectores de la sociedad de Río Grande, fundamentalmente a las organizaciones gremiales, sociales y políticas, todos los que consideren una responsabilidad la defensa de las conquistas de la 19.640”.
Si bien las intenciones son nobles, y tampoco pretendo jugar a ser el abogado defensor de la “patronal”, no termino de entender la medida de paro. La huelga, desde los inicios del trabajo organizado post Revolución Industrial, tienen por objetivo ser una herramienta de presión dirigida hacia dos sectores: el empresarial en la búsqueda de mejoras en las condiciones laborales o el salario cuando hablamos de un sector, y las huelgas generales que pueden tener un aliciente más político: el colectivo de trabajadores y trabajadoras expresa su descontento con cuál o tal medida.
Si vamos a ejemplos nos podemos encontrar con la revuelta de Haymarket, la que da origen al Día del Trabajador, donde la Federación Estadounidense del Trabajo convocó a una huelga para exigir la jornada laboral de ocho horas. En Argentina, el modelo de huelga es una herramienta normal para todos los sindicatos y, en gran medida, la única forma que tienen de acceder a alguna mejora.
Si hablamos de huelgas generales con tinte político tenemos el germen de la Revolución Rusa, donde obreros y campesinos exigían mejoras laborales al Zar Nicolás II. Un ejemplo más cercano en el tiempo y espacio es las protestas generales en los 70s de los metalúrgicos en Brasil, que además de reclamar por un mejor sueldo, enfrentaron a un joven Lula Da Silva contra el gobierno militar de la época. En Argentina tenemos ejemplos de paros generales a casi todos los gobiernos, casi siempre vinculados a la durísima inflación que ya es tradición nacional.
Ahora bien, la UOM Río Grande establece un paro para visibilizar la situación. La medida, que tiene por objetivo ejercer un tipo de presión (sea movilización masiva en el corto plazo y un desabastecimiento de un bien en el largo) casi siempre recae sobre dos grupos: el empresarial que pierde utilidades al no tener la planta en funcionamiento y el gobierno, en todos sus estamentos, que recauda menos por la falta de producción, y tiene un clima de inestabilidad social por la situación.
En este caso en particular, los empresarios van a ser los primeros en defender la Ley 19.640, porque es la única forma de mantener viable su negocio: si mañana sacan la ley, conglomerados como Newsan o Mirgor tendrían que reveer seriamente su modelo de negocios, dado que sería mucho más rentable movilizar la producción a otro lugar del país, ya sea por menores costos logísticos o salarios. Del otro lado, los gobiernos municipales y provinciales, también son férreos defensores del Régimen de Promoción Industrial: sin esas plantas, y fundamentalmente sin esos trabajadores y trabajadoras que cobran salarios relativamente buenos, las economías locales estarían totalmente paralizadas, la recaudación sería mucho menor en impuestos y la infraestructura de contención social colapsaría en el corto plazo.
A nivel nacional, es este gobierno de Alberto Fernández, con otra iteración de ministros, la que aprobó la extensión del subrégimen industrial por 15 años con una prórroga de 15 más. Entonces, ¿a quién va dirigida la medida de fuerza?¿A la oposición que no gobierna?.
En definitiva, la Coalición Cívica o parte de ella que presentó el proyecto, no es más que un sector dentro de la oposición. Uno inferiría que senadores y diputados peronistas, que componen buena parte de los escaños, no irían en contra de una medida en pos de la industria nacional y popular, una de las pocas máximas que tenía el General Juan Domingo Perón.
La medida parece un poco imprudente y reaccionaria ante algo que no es más que un anuncio de la presentación de un proyecto. Lo ideal, o al menos a mi humilde entender, es que las medidas sean en escalada: quizás al principio repudiar y buscar el apoyo de los sindicatos a nivel nacional y las uniones de trabajadores, establecer consensos con la clase política, movilizaciones masivas y si todo falla, caer en el último recurso del paro, porque la verdad es que aquí los únicos perjudicados son los que tienen por interés que la ley siga vigente.
No tengo nada contra la UOM de Río Grande ni su toma de decisiones, pero creo que aquí el error pasa por no saber identificar cuál es el “enemigo” en esta lucha. Si bien tradicionalmente el empleado toma como antagonista al empleador, aquí son dos aliados que buscan lo mismo: que el negocio siga a flote, uno para mantener su puesto de trabajo y el otro para que su empresa siga funcionando, siendo el mismo caso el del Estado. Idealmente, la relación debería ser simbiótica entre las tres partes, con las tensiones típicas de una lucha de poder por obtener mayores beneficios, pero no atentando contra los beneficios del otro, dado que todos viven de lo mismo.
