Dicen que la política es el arte de lo posible, pero parece que en muchos casos sólo aplica a los casos coyunturales. Si bien es cierto que este último tiempo de pandemia nos llevó a cambiar las prioridades, muchas de las iniciativas actuales me dejan un sabor a un poco interés de la clase política por cualquier cosa sin un resultado inmediato. Uno de esos proyectos, que hoy duerme en los cajones del recinto legislativo, es la electrificación de la Ruta N° 23, que supo estar al borde de ser aprobada a fines del mandato pasado. ¿Cómo una ley ya acordada pasó la historia de proyectos truncados?.
Por lo pronto, empecemos por explicar cuál era el objetivo de la electrificación de la Ruta N°23. El proyecto planteaba llevar energía a los emprendimientos productivos en Tolhuin y ya contaba con la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo internacional conocido por sus créditos de tasa blanda y facilidad para su pago a lo largo del tiempo. La idea principal, era conectar a la red eléctrica provincial a emprendimientos turberos, madereros, ganaderos y turísticos, a fin de potenciar su desarrollo y evitar su dependencia de combustibles fósiles y generadores, pudiendo así tecnificar sus procesos productivos.
Ahora bien, si usted nunca escuchó del proyecto no es que esté aislado de la realidad política, sino que simplemente posterior a las elecciones provinciales, la ley de electrificación rural desapareció de la nada. La composición de la Legislatura en ese entonces tenía acuerdo para su votación y la financiación también estaba resuelta. Al parecer, con el cambio de gestión en la gobernación, se decidió “dejar el proyecto para revisión de las nuevas autoridades” pero no se han presentado modificaciones o siquiera un simple rechazo a la iniciativa.
Muchas veces hablamos en artículos previos hablamos de la falta de trabajo o de emprendimientos nuevos en la Provincia o hasta de la falta de infraestructura. Estas obras, que muchas veces no son las más vistosas o abarcan a la mayor cantidad de gente, suelen ser relegadas en comparación a otras “más populares”. Quizá sea que esos 25 usuarios directos, entre los que encontramos ganaderos, turberos, madereros y campings, no tienen tanto peso en la foto política en la que muchas veces se piensa, pero son actividades que generan empleo y mueven la economía local. Así también, integran un área del territorio que tiene gran potencial productivo, pero aún no se encuentra explotado.
Sería interesante, teniendo en cuenta el proyecto, cuál es la contraparte que ofrece el ejecutivo provincial, si es que hay una. En un tiempo que tanto hablamos de la recuperación económica y como tenemos que ponernos de pie, hay que pensar soluciones menos cortoplacistas y proyectar al mediano y largo plazo. Potenciar actividades productivas locales de mano de obra intensiva parece una opción bastante razonable, más pensando en que el financiamiento del BID ya estaba acordado.
Ahora, casi 2 años después, resulta factible pensar que la oportunidad se escapó y, con el nuevo contexto internacional económico, un crédito del BID es más un deseo que una realidad. Entonces, el cambio de gestión, algo que debería ser relativamente sencillo y parte del juego de la democracia, le ha costado a uno 80 vecinos que constituyen 25 emprendimientos locales la oportunidad de progresar, dejar de gastar en combustible para trabajar y poder pensar en tecnificar su producción.
Si bien no todo está perdido, sería importante ver algo de la actual gestión: idealmente, como dice el nombre, gestionar. No todas las alternativas a la crisis económica son créditos blandos para pagar las cuentas o alguna que otra excepción impositiva, que si bien son necesarias, son paliativos pero no curas reales para la enfermedad que atraviesan las PyMEs fueguinas. Hay que pensar en obras que quizá uno no tenga la posibilidad de sacarse la foto para quedar bien con la tribuna, sino en proyectos con un efecto duradero en la sociedad. Esa actitud pasiva, donde Nación parece ser la respuesta a todo no es un error solo del Ejecutivo actual, sino de un pensamiento de centralidad, casi unitario podría decir uno. Los estados provinciales tienen potestad de negociar, bien o mal, casos de los dos lados hay de sobra, así como de mantener contactos diplomáticos subnacionales o acceder a créditos productivos como el del BID. Si los fondos son un problema, como muchas veces ha utilizado de excusa el melellismo, hay alternativas o por lo menos las había antes que las dejasen pasar. Esperemos que la Legislatura retome este proyecto, hoy freezado, y analicen si todavía es viable. Considerando que el único impedimento ha sido de la clase dirigencial, es lo menos que le deben a los vecinos y vecinas de la Ruta N° 23.
