A ninguno que habite el mundillo de la política le es extraña la disputa, casi iniciada la gestión, del Gobierno Provincial y los Municipios, especialmente el de Ushuaia. Sacando el tema de la coparticipación, del que hemos hablado largo y tendido, parece que desde la Casa de Gobierno siempre están buscando “medirse” con sus contrapartes municipales. Quizá son las ambiciones de una reelección, o quizás más el temor de perderlas. Hoy, en un nuevo capítulo, parece que la temática ha sido la vivienda, un problema que pesa sobre miles y miles de fueguinos que anhelan un hogar propio.
En esta ocasión, desde el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, se anunció la ejecución de una obra en el barrio Río Pipo, por 16 viviendas tipo dúplex con Eficiencia Energética y Energías Renovables, parte de un plan del Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La obra, que fue celebrada con bombos y platillos de parte del oficialismo, es buena, pero su dimensión retrata un gran problema que ha tenido la gestión Melella desde su asunción en diciembre de 2019: la falta de prioridades y escala.
Si nos basamos en la información oficial del Gobierno Provincial, la provincia, a principios de año, contaba con 10.114 personas inscriptas en necesidad de una vivienda propia. Si tenemos en cuenta que no todo el mundo está anotado en dicho listado, considerando que avanza poco la entrega de viviendas, podemos hablar de una demanda aún mayor. No obstante, no es algo que podamos achacarle a una gestión en si, sino a todas las que han pasado por San Martín 450: no se ha estado a la altura de las necesidades de la población. El IPVH, con un presupuesto de $3.201 millones de pesos, hoy anuncia una obra que pagará otro, como un gran logro.
Si bien, al menos desde mi parte, destaco integrar aspectos más verdes a la hora de pensar el desarrollo territorial, parece desmedido el anuncio en comparación a la cantidad de viviendas, que representan el 0,16% de la demanda actual. Sería interesante, si es que para el Gobierno Provincial la vivienda es una prioridad y no una herramienta para “mojarle la oreja” a sus adversarios políticos, que implementasen planes más extensivos y que aprovechasen los materiales que se elaboran en la provincia. Fondos al parecer hay, además de los “retenidos” en coparticipación, muy al pesar del ministro Fernández.
Mucho hablamos en este año y medio de los conflictos Provincia-Municipalidad, pero poco dijimos de los logros de la gestión Melella-Urquiza. Esto, no es por una finalidad oculta de quién les escribe, sino por la falta de los mismos. Más que el aumento a los estatales, un programa PROGRESO que se quedó corto y un acuerdo por la vacuna Sputnik V que se truncó, no hay trofeos para decorar las vitrinas de las oficinas provinciales. En este último tiempo, casi siempre que el Gobierno Provincial ha sido noticia, fue por anuncios nacionales o disputas políticas. No hemos visto gestiones con un impacto directo en mejorar la calidad de vida de los fueguinos y, por como se viene desarrollando el mandato, parece que tendremos cuatro año sin pena ni gloria. Si bien alguno podrá argumentar que el contexto es complejo, por la crisis económica y sanitaria, vemos otras jurisdicciones avanzar con proyectos, proponer ideas y en general, trabajar por el bienestar de su gente, con mayor o menor eficacia. En Tierra del Fuego observamos anuncios dispersos, casi exclusivamente derivados del empuje nacional y poco más que el pago de sueldos por parte del ejecutivo provincial.
Quizá exijo mucho de quiénes hoy ocupan cargos en Casa de Gobierno, que se han visto superados por la situación y aún intentan “acomodar las cuentas”, pero lo cierto es que la etapa de luna de miel terminó hace rato y ha llegado la hora de empezar a ver resultados. Sea en el tema vivienda, sea en el tema trabajo o en educación o salud. Actualmente, tengo la sensación que las Municipalidades tiran del carro en lo que refiere a la cosa pública, principalmente por su buena relación con Nación, mientras que la Provincia funciona como una administración de consorcio: cobro de impuestos, algunos arreglos sueltos y más conventillo de vecinos que mejoras en el edificio.
