En un año donde la política se ha tomado un sabático, o al menos buena parte de la misma, parece que se ha distorsionado un poco el concepto de lo que es noticia, o al menos que tanto nosotros los periodistas indagamos en profunididad sobre las mismas. Algo que parece importante termina siendo un titular más, mientras que lo más mundano se lleva las “tapas” de los diarios. Hoy el tema parece algo que superficialmente es sencillo; pero el impacto merece y debe tener un análisis un poco más profundo, o eso me gustaría creer.
Agustín Tita, jefe de Gabiente del Gobierno Provincial, anunció una recomposición salarial para el escalafón público que rondará el 50% con “prioridad a los ingresos más bajos”, algo que este mismo destacó como “un gran desafío para ganarle un poco a la inflación”. Desde los sindicatos, no obstante de roces en ATE, parecen aceptar la propuesta y quedarán pendientes paritarias para el año 2021.
La noticia podría terminar ahí. El Gobierno Provincial “apretó” los números para tratar de cumplir con lo prometido y frenar un poco la pérdida de salario real producto de la inflación. Llegaron con lo justo, pudiendo mantener la famosa calma social con aumentos previos a la fiestas.
Mi preocupación viene no por el aumento en sí, quiero creer que los números dan para pagar en tiempo y forma todas las obligaciones que la Provincia posee, sino por lo que desencadena para el resto de los empleadores en la isla. Quiero aclarar antes de comenzar, que no estoy en desacuerdo con el aumento ni con los montos, simplemente tengo algunas apreciaciones personales con los métodos y la lógica del argumento.
Párrafo aparte del método, me gustaría comenzar por la finalidad. Desde Saan Martín 450 hablaron de una “reactivación económica”. Desde la Casa de Gobierno hacen una cuenta sencilla: si pagamos más salarios, más gente gasta plata en los comercios y servicios, metiendo más divisas en la parte privada de la economía. Si salimos de lo teórico y vamos a lo práctico, buena parte de ese aumento no quedará en la provincia: la gente, más los estatales con el régimen de vacaciones que poseen, seguramente irán hacia la parte continental del país a visitar familiares y pasar las fiestas. El aumento no quedará en la provincia, sino que es muy factible que termine en estos destinos a los que los fueguinos viajan cada año.
Como todos bien sabemos, la Provincia es uno de los principales empleadores. Abarca prácticamente personal en todas las áreas, ya sean profesionales de la educación, salud, funcionarios públicos o personal administrativo. Generalmente, o al menos en los aumentos previos, siempre que el Estado aumenta, inicia una ola de reclamos salariales para el resto. Ya sea empleados del privado que realizan tareas similares a sus contrapartes públicos (pensemos en las maestras de colegios privados) u otras dependencias públicas, como los empleados municipales. La lógica se sostiene y si ellos ven que la Provincia puede permitirse un aumento, se plantean “¿Por qué mi jefe no?”.
Si pensamos en el sector privado, este ha sido un año muy complejo y en el que muchos han tenido que “bajar persiana”, temporal o indefinidamente. Hubo dificultades para sostener la empresa y pagar sueldos, ni hablemos de posibles recomposiciones salariales. El turismo, que es uno de los principales generadores de trabajo privado, ha tenido quizá su peor crisis en la historia y hoy apuesta todo a una temporada anómala como será la de verano. Las fábricas estuvieron paradas varios meses y ahora que han comenzado a producir, aparecen nuevos impuestos que podrían mermar tanto sus ventas como contratos de producción.
Si nos vamos al ámbito público municipal, mientras la Provincia se gana el clamor popular con un aumento interesante en plena crisis, los municipios todavía tienen coparticipación adeudada. Sí, esa coparticipación de la que venimos hablando desde principio de año. Sólo en el caso Ushuaia, se estiman unos $400 millones. Pensemos que los ingresos de coparticipación son la vasta mayoría de los activos que poseen las municipalidades, por lo que no cobrar en tiempo y forma no sólo limita planes y proyectos a futuro, sino las cuentas diarias. Si a esto le sumamos la “presión” de tener que brindar un aumento, el contexto se vuelve aún más complejo.
El problema en sí, como mencioné antes, no es el aumento, sino la metodología con la que se aplica. En un contexto complejo tanto para privados como públicos, donde le foco estuvo en sostener los puestos de trabajo, no generar una mesa de articulación más que un error de gestión y falta de fortaleza institucional, parece una forma de medirse ante los otros. “Nosotros damos, mientras ellos no”. La verdad no sé si habrá recomposiciones salariales de los municipios, pero puedo decir, sin temor a equivocarme, que el privado no está en condiciones de siquiera acercarse a los números que propuso la provincia.
Acá el gobierno provincial da la impresión de aprovechar la famosa “caja” y querer capitalizar políticamente en un año donde brilló por su ausencia. El plan PROGRESO, que parecía una idea interesante y un buen plan de reactivación al corto plazo, terminó funcionando con la misma discrecionalidad que se le criticó a gestiones anteriores. El ejecutivo, a casi un año de su inicio de gestión, marca una primera vuelta al sol con poco de política y la verdad, poco de todo. Más allá de los proyectos de emergencia, primero truncos y luego acordados en la Legislatura, no trajo nada nuevo a la mesa. Sin desmerecer el tipo de gestión, la Provincia ha aplicado políticas más de índole municipal, que con la diferencia de presupuesto a manejar, parecen insuficientes o faltas de visión a mediano y largo plazo. Con fondos disponibles, se ha optado por ir a lo inmediato, sin plantear medidas estructurales. Parece que con el objetivo de salvar el año, ahora se da un aumento que si bien generará más movimiento de dinero en la calle, también incrementa una tensión latente con los otros organismos, públicos o privados, que no pudiesen pagarlo.
