Hace varios días que la discusión política pasa por la no coparticipación del gobierno provincial hacia los municipios. El saldo hacia Ushuaia y Río Grande aumenta y ya suman más de 650 millones de pesos.
Los municipios y sus respectivos concejos deliberantes reclaman, pero no hay respuesta. Los ediles de Ushuaia realizaron una sesión especial para instar al ejecutivo provincial a regularizar los pagos. De allí salió un documento firmado unánimemente (hasta el oficialista Romano rubricó). Los concejales plantearon la importancia de los fondos que le corresponden a la ciudad para cumplir con sus responsabilidades.
Si bien el concejo tiene la responsabilidad de reclamar también tiene la obligación de defender la autonomía municipal en lo jurídico, económico y social.
Lo que llama la atención, es el silencio (¿casual o motivado?) de la Legislatura Provincial. Salvo algunos reclamos de la UCR pidiendo reuniones de comisión, la oposición justicialista no dio señales de vida en lo que va de la cuarentena.
Aunque se entiende que dada la pandemia sea riesgoso congregar a los legisladores para que sesionen, se podría intentar por la vía virtual. Como mencionamos antes, el Concejo Deliberante de Ushuaia lo pudo hacer sin problemas. Una sesión especial, o incluso interpelar al ministro de Economía, sería cumplir con sus tareas para asegurar que se rindan las cuentas y se explique la falta de pago a los municipios.
Desde los bloques opositores algunos allegados afirman que el reclamo debe pasar por los intendentes. Ellos son los principales interesados en que el dinero llegue a arcas municipales. Allí, parecen olvidar que una de las obligaciones del poder legislativo no se limitan al dictámenes de leyes, sino que también son encargados de controlar qué se hace con el dinero de los fueguinos.
Es imposible olvidar, no obstante de contar con diferentes legisladores electos, que se destituyó a un gobernador ante una falta en los tiempos y formas de la coparticipación. Lo más curioso, el destituido, Mario Jorge Colazo, es hoy parte del cuerpo legislativo; si hay alguien que sabe que no pagar la «copa» tiene consecuencias es él.
También, podemos meternos en el planteo del oficialista Greve. Éste acusó de irresponsable a Gastón Diaz, secretario de Gobierno del municipio de Río Grande, por traer a colación la posibilidad de una destitución al gobernador. ¿Su argumento? Melella tuvo el mismo inconveniente con Ríos y Bertone pero nunca hizo el planteo. El problema no debería ser el reclamo, sino la falta de cumplimiento. La denuncia es una herramienta de balance para evitar el uso discrecional de fondos por parte del ejecutivo.
En fin, parece que en la política todo vale: lo que antes era motivo de reclamo ahora es minimizado y un estado puede funcionar con un solo poder activo. Parece que la pandemia se ha convertido en la excusa favorita de los políticos para hacer y deshacer sin que nadie levante la voz.
