El concepto de carta de consenso nos parece un poco foráneo. En líneas generales, en Argentina, en cualquiera de sus estratos, cuando se es gobierno se definen los las bases del estado durante los próximos 4 años casi de forma hegemónica. Muchas veces esto nos trae dolores de cabeza, más en nuestro caso: solemos alternar gestiones diametralmente opuestas. En algunas ocasiones este viraje de un lado hacia el otro puede resultar positivo, pero en muchos casos suele cortar políticas de estado que nunca llegan a aplicarse del todo. El verdadero desarrollo de una nación deriva de políticas serias proyectadas al futuro y seguridad institucional. Si un estado puede ofrecer garantías de cómo se proyecta de aquí a 20, 30 o 40 años, le da una base sobre la cual trabajar al inversor.
La planificación y puesta de metas no es algo nuevo y países como China tienen un esquema estructurado para su debate, acuerdo y difusión. Acá, es un esquema organizativo típico del primer peronismo. Seguro en la escuela todos estudiamos los planes quinquenales, bien propia de los gobiernos centralizados y de tendencias de izquierda. Podríamos decir que una carta de consenso es la parte de marco de referencia o ideológica de un plan quinquenal. Luego falta el cómo (la ejecución) parte más reconocida de los planes de Perón.
En estos días se había retomado un viejo reclamo sobre definir una serie de puntos de hacia dónde va y cuáles son los objetivos para nuestro país. Luego de la semana de furia donde el Riesgo País y el dólar no parecían tener techo, la gran mayoría de los especialistas, sin importar los colores políticos, concuerdan que la inestabilidad política fue el principal responsable. Al no contar el gobierno nacional con la reelección asegurada, las alarmas del exterior se encendieron: ¿Pagará Argentina sus obligaciones?.
Un poco impulsado por la oposición y otro poco por iniciativa propia, el Ejecutivo Nacional encabezado por Mauricio Macri elaboró una serie de puntos que detallamos a continuación:
- Lograr y mantener el equilibrio fiscal tanto en la Nación como en las Provincias.
- Sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, en función de su principal objetivo que es el combate a la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos.
- Promover una integración inteligente con el mundo, trabajando para el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones.
- Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión.
- Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna, que se adapte a las nuevas realidades del mundo del trabajo sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores.
- Reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal, empezando por los impuestos más distorsivos.
- Consolidación del sistema previsional sostenible y equitativo que de seguridad a los jubilados actuales futuros.
- Consolidación de un sistema federal transparente que asegure transferencias a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del Gobierno Nacional de turno.
- Asegurar un sistema de estadísticas profesional con fiable e independiente.
- Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.
El documento de 10 puntos contó con el respaldo de las tres patas que conforman las instituciones argentinas: las empresariales, las sociales y las políticas.
Desde el sector empresarial la UIA, la Sociedad Rural, la Bolsa, los Bancos privados y las cámaras de Comercio y Construcción avalaron a través de declaraciones el establecimiento de estos puntos y confirmaron asistencia en la mesa de diálogo. Desde los sectores sociales el gobierno logró el apoyo tanto de la Iglesia como la DAIA, que tomaron la convocatoria al debate de estos puntos como un avance en el “diálogo fructífero”.
Desde la política casi todo el amplio abanico opositor se mostró dispuesto a sentarse, escuchar y opinar. El único “reclamo” es el timming político, tan cerca de las elecciones. Figuras tales como Margarita Stolbizer, Rodolfo Urtubey, Daniel Scioli, Miguel Ángel Pichetto, Roberto Lavagna, Miguel Lifschitz y Ricardo Alfonsín participarán buscando ofrecer modificaciones y nuevas metas a los 10 puntos propuestos por la gestión Macri. De los mencionados todos recalcan la necesidad de un diálogo positivo y edificante donde la voz opositora sea escuchada.
La medida parece haber generado un extraño consenso positivo, algo raro en nuestro país. Al menos tres precandidatos a presidente en Urtubey, Lavagna y Scioli; una referente de un sector político como Stolbizer, la presencia del gobernador de Santa Fé y de Pichetto, hombre fuerte entre los peronistas federales y que puede dar garantía de tratamiento de leyes en el legislativo, parece que la reunión tendrá al menos un ida y vuelta interesante. Resta ver qué hace Cristina y si declarará sobre este nuevo método de acercamiento entre oposición y oficialismo.
Desde el gobierno, deberán aprovechar la oportunidad y demostrar que están dispuestos a trabajar de forma seria en una agenda común con la oposición a fin de transmitir estabilidad institucional hacia adentro y afuera del país. Terminar quedándose en la declaración y no lograr un documento conjunto con empresarios, sectores sociales y políticos demostraría ser un gran fracaso que no sólo tendría impacto en su imagen a la hora de las elecciones, sino a la hora de negociar posibles alianzas en un eventual ballotage. Contar con una agenda común hace más directa la transferencia de apoyos regionales y no organizados entre un candidato y otro.
