Sin sororidad: conmutando la pena de un femicida

En el Día Internacional de la Mujer decidí tomar un enfoque diferente: en vez de analizar la militancia actual, los temas de agenda como la brecha salarial, el aborto y la consigna “Ni Una Menos” visibilizada a lo largo de los últimos años, optaré por describir una injusticia. Una injusticia que hoy hace más ruido que nunca: una injusticia que no fue un caso aislado. 

El nombre Sergio Amador López por nos diga poco: allá por el año ’89, un 17 de octubre Amador López, según determinó la Justicia, mató a su hijo de 20 días de vida porque no le permitía descansar. Condenado 9 años después, un 13 de agosto, López debía cumplir la máxima condena. En 2012, 23 años después del crimen, la máxima mandataria, Fabiana Ríos, emitía un decreto que conmutaba la pena. El decreto 2055/12 del 6 de septiembre dejaba, a resumidas cuentas, a un infanticida en la calle.

La por entonces gobernadora Ríos justificó su decisión en las atribuciones del ejecutivo, parte de una recomendación hecha por el Superior Tribunal. Acusó a los medios de manipular la salida de la información para su beneficio. La mandataria, a través de una gacetilla de prensa, defendió su posición como parte de un proceso normal y regulado, donde se modifica la pena ya sancionada.

“Sergio Amador López era un hombre conectado, fue funcionario de Estabillo, dirigente de ATE y tenía buena relación con Ríos.” Describe PdqDigital en su editorial, según el sitio, tenía historial de violencia con su otro hijo. Amador no sólo mató a un bebé, su hijo; sino que ocultó el crimen y pudo ser juzgado recién 10 años después del hecho. Argumentó en su momento que las lesiones provenían de una caída accidental, cosa que la pericia desmintió. Desde 2009 contaba con salidas transitorias laborables. La familiaridad de Ríos y Amador López fue retratada por otro medio (OpiSantaCruz) del cual dejamos registro.

Ian Fleming dijo allá hace tiempo que “una vez es casualidad, dos es coincidencia y tres una acción enemiga”. En el caso de la ex-gobernadora Ríos su segunda conmutación es más sospechosa que la primera, por suerte no hubo una tercera.

Juan Pablo Rojas es un nombre que sí es más recordado, sobre todo en la ciudad de Río Grande. En 2001 violó y mató a Eva Noelia Sánchez, en cercanías de la planta depuradora. En 2014 cumplía cadena perpetua, cuando Ríos, a través de otro decreto (2982/14) decidió conmutarle la pena. Aquí también argumentó las facultades del ejecutivo y sumó el informe de la jueza Incardona, donde se describe una conducta ejemplar por parte de Rojas. En su momento, la Doctora Dalila Nora, que participa de grupos de militancia contra la violencia de género declaró consternación e indignación ante la medida de la gobernadora. En 2014 la agenda política recién empezaba a vislumbrar la violencia de género como un tema central; recordemos que la mayoría de las leyes datan de 2015 para adelante.

La doctora Nora declaró: “Creemos que el día que la gobernadora firmó el decretó se volvió a asesinar por segunda vez a Noelia. Ríos está enarbolando la bandera de la violencia una vez más”. “Creíamos que enarbolaba la bandera de los derechos humanos, apoyando el matrimonio igualitario, recibiendo a las trabajadoras sexuales. Evidentemente han sido todas movidas políticas para posicionarse”.

En el Día Internacional de la Mujer me quedo reflexionando sobre una figura política que siempre se atribuyó un enfoque progresista y perspectiva de género. En 2010 fue reconocida por la Unión de Mujeres de la Argentina por su trabajo en la construcción social y política. Fue la primer mujer electa gobernadora en el país y la primera en obtener una reelección en el ejecutivo (le ganó a Cristina por unos meses). Ciertamente Fabiana Ríos rompió el techo de cristal y accedió a una posición reservada para unos pocos; lo cual sorprende más en su resolución del caso de Eva Noelia Sánchez.

En ambos casos los detenidos estaban condenados a perpetua: uno un infanticida agravado por el vínculo y con historia de violencia. El otro, un violador y femicida. En ambos casos no cumplieron más de 15 años; ambos deberían estar presos según la ley. ¿Es legal la liberación de ambos susodichos? Sí, estaba dentro de las facultades de la mandataria, pero no estaba obligada. Hubo una decisión a conmutar dos condenas. Alguno me dirá que el sistema no funciona y predicará el abolicionismo penal. Mi pregunta es: ¿Qué haría Ríos si tuviese que tomar la decisión ahora? ¿Liberaría a ambos detenidos? ¿Se iría al mazo para evitar contrariar la opinión popular?.