En una semana donde la tendencia parecía ser la mejora de imagen del gobierno nacional y sobretodo de la figura de la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, un nuevo protocolo de accionar para policías irrumpió en la agenda política. Este nuevo accionar policial permite a los efectivos el uso de armas de fuego de forma más flexible y sin la necesidad de aplicar lo que se conoce como la voz de alto.
Traído en un momento de perfil alto, luego de la euforia por un exitoso G-20, la doctrina que algunos dieron a llamar Chocobar (en referencia al efectivo que mató al ladrón en 2017 en La Boca, luego que este apuñalase a un turista estadounidense) trajo opiniones encontradas desde sectores opositores y aliados. Quizá la voz más enérgica y menos esperada fue la de la diputada Elisa Carrió, que interpretó la medida como una violación a los derechos humanos. En referencia a las declaraciones de la instrumentadora de la alianza Cambiemos, el ministro de Justicia, Germán Garavano, recalcó que dicho protocolo “sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas”. En esta misma línea expresó que el presidente tiene por objetivo reducir la impunidad.
La lectura del Gobierno es que la situación de inseguridad es insostenible y necesitan dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas para aplicar la ley. Desde la oposición el planteo pasa por los casos de gatillo fácil: entienden que la doctrina daría mayores posibilidades para el encubrimiento de los mismos.
Los expertos jurídicos parecen inclinarse hacia la prohibición de esta nueva reglamentación y un magistrado ya decretó que la misma carece de constitucionalidad. La Resolución 956, que permite a las fuerzas de seguridad nacionales disparar sin voz de alto u agresión previa, fue rechazada por el juez Roberto Gallardo. Dicho pedido surgió desde legisladora Bergman, la CORREPI y víctimas de gatillo fácil.
Desde el ámbito policial el comisario general Roncaglia, jefe de la policía federal, recalcó que el accionar policial recae en mantener el orden. La Resolución sistematiza y marca pautas de intervención que ya eran mandatorias para las fuerzas federales.
Acercándonos más a la provincia, el jefe de la Policía Provincial, Nélson Moreyra declaró: “Actualmente nos regimos por un antiguo protocolo al respecto, pero básicamente responde a lo que es la legítima defensa en el Código Penal”. A su entender la medida carece de necesidad.
Con posiciones encontradas parece que como siempre, los argentinos cortamos el hilo por lo más fino. Analizar si la policía debe o no proceder de una forma, sin tener la experiencia o el entrenamiento, simplifica una situación de gran estrés con infinidad de variables. ¿No es mejor observar si le damos a nuestros uniformados las herramientas necesarias para desactivar estas situaciones? ¿No sería más sensato introducir equipamiento no letal como alternativa?. No voy a caer en el cliché de mencionar las fallas estructurales de nuestro sistema educativo o judicial: creo que a este punto todos sabemos que un porcentaje considerable de los crímenes son generados por el contexto del criminal.
Los cambios llevan tiempo y suelen ser integrales; una resolución no va a cambiar la forma del crimen ni la interacción entre fuerzas de seguridad y delincuentes. La “Doctrina Chocobar” parece quedarse en un título y ser un paliativo ante el flagelo que es la inseguridad. El delito no va a reducirse drásticamente ante el mayor riesgo que corra el malhechor, como deja entrever el gobierno nacional, ni la policía saldrá a realizar ejecuciones públicas como propone un sector de la oposición. Los hechos delictivos continuarán siendo un fiel reflejo de las fallas presentes en las instituciones, consecuencia de años de malas políticas y financiación, y las medidas que surgen de encuestas no son más que un ciclo de noticias.
