Dos conflictos entre iglesias y vecinos reflotaron la preocupación con respecto a las usurpaciones en Río Grande y, particularmente, en la zona de la Margen Sur. El Estado intenta evitar enfrentamientos y ordenar prioridades ante la demanda habitacional.
Los problemas se sucedieron con escasos días de diferencia. El lunes 29 de octubre, la iglesia evangélica “Hijos del Altísimo” denunció a una familia que, según el testimonio, ocupaba de forma irregular en la parte posterior del templo, sobre la calle Mevi al 253.
El jueves 1 de noviembre, la congregación “Escalera al Cielo” con presencia en la calle Príncipe de Paz N° 1554, del barrio El Milagro, acusó a una vecina de no querer devolver un terreno que le había cedido, por un lapso de dos años, la pastora Martha Antinao.
En este último episodio, al día siguiente, algunos fieles de la iglesia irrumpieron muy cerca de la casilla de la vecina en cuestión para hacer el mismo reclamo, aunque con amenazas.
En ambos casos debió actuar el personal policial de la Comisaría Cuarta, que evitó cualquier tipo de enfrentamiento. En ambos casos, también, se dio una paradoja: las iglesias denunciantes no pudieron comprobar ser propietarias de los terrenos que ocupan, respectivamente.
Sendos episodios motivaron la reaparición de una antigua polémica respecto de las usurpaciones, sobre todo en la zona de la Margen Sur, antes con una baja densidad poblacional y, en la actualidad, con al menos una veintena de barrios radicados o en formación, en el último tiempo.
A partir de la intervención policial y del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), ninguna de las iglesias denunciantes pudo dar cuenta de los terrenos como propiedad de las instituciones.
Magalí, vecina a la que intentaron expulsar del terreno que da a la calle Príncipe de Paz, explicó que, el terreno en el que colocó una casilla y actualmente reside, también fue usurpado por los fieles de la congregación “Escalera al Cielo”.
No obstante, su intención es permanecer en el lugar, regularizar su situación y ser la propietaria de la parcela, pese a las amenazas de los seguidores de la iglesia, que cuenta con un comedor a escasos metros.
El IPV, con un nuevo reglamento desde este año ante la creciente demanda habitacional, ratificó el testimonio de la vecina: se le otorgó un permiso ocupacional provisorio y el próximo paso será cumplir con una serie de requisitos, como sucede con cualquier interesado en acceder a un terreno o inmueble a través del organismo estatal, antes de la obtención del boleto de compra-venta.
Con una solución en puerta, el conflicto reavivó una larga discusión por las usurpaciones en Río Grande, que en las últimas semanas también tomaron trascendencia por una ocupación en una chacra del barrio Los Productores, del mismo sector de la ciudad.
Por ello, desde el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Seguridad, se mantienen alertas ante esta clase de conflictos y buscan trabajar de forma colectiva con el resto de los organismos estatales para dar pronta solución.
Desde la Comisaría Cuarta, con jurisdicción en la totalidad de la Margen Sur, aseguran que los casos de usurpación bajaron de casi de forma absoluta desde 2016. Sin embargo, los dos episodios relatados obligan a poner el foco en el tema, otra vez.
Al margen del rol del Estado, debiera primar la voluntad al diálogo de todos los actores involucrados. Instar a la fuerza o a la amenaza sólo generará más tensión y preocupación, en detrimento de una solución positiva para quienes realmente lo necesitan.
