En una apretada votación, en el marco de la octava Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande, los ediles aprobaron un proyecto ingresado sobre tablas que establece sanciones económicas para funcionarios públicos que no asistan a las citaciones del Cuerpo Legislativo.
La iniciativa también comprende a personas jurídicas concesionarias de servicios públicos y los únicos justificativos válidos serán por cuestiones de salud, por encontrarse el funcionario fuera de la provincia o de licencia.
El proyecto volvió a mostrar un escenario polarizado en el recinto legislativo, con el apoyo de María Eugenia Duré (ejerciendo la Presidencia del Cuerpo Legislativo por encontrarse el concejal Alejandro Nogar cumpliendo funciones en la Intendencia), Laura Colazo y el propio Raúl von der Thusen, autor de la iniciativa. En contrapartida se opusieron Verónica González, Miriam Mora y Paulino Rossi, pero el voto doble de la Presidente permitió su aprobación.
Según el Artículo 5 de la normativa, que aún debe ser publicada en el Boletín Oficial del Municipio de Río Grande para entrar en vigencia, la primera inasistencia de funcionarios públicos a una citación del Concejo Deliberante implicará un 15% de descuento en su dieta o remuneración mensual. En el caso de que se replique la ausencia, se sumará un 5 por ciento.
En cuanto a personas jurídicas concesionarias de servicios públicos en la ciudad (transporte de pasajeros, recolección de residuos y relleno sanitario, por citar ejemplos), el régimen de multas por inasistencias se ordenará según el valor de la Unidad Punitoria (UP), hoy valuada en $17,44 a partir del congelamiento del monto establecido por Ordenanza del mismo Cuerpo Legislativo.
La primera inasistencia costará un valor equivalente a 1000 UP ($17.440), con una posible acumulación, ante nuevas faltas, de 250 UP por cada una de ellas.
El Artículo 7 establece que los fondos retenidos de los funcionarios serán destinados a la Defensoría Municipal y los programas que se lleven a cabo desde esa área, ya sea en el ámbito de violencia de género, niñez y adolescencia; discapacidad y diversidad.
Para dar cuenta de la inasistencia y hacer efectiva la multa, el Presidente de la Comisión en cuestión deberá realizar un pedido formal que contenga una copia certificada de la citación al funcionario y la copia del libro de actas que acredite su ausencia.
Una de las situaciones que motivó las quejas por ausencia de funcionarios fue en el marco de la licitación del relleno sanitario, en el mes de junio, donde la concejal Laura Colazo (titular de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente) reclamó la inasistencia de los funcionarios municipales del área de la Secretaría de Producción, a cargo de Sonia Castiglione.
En el medio de una intensa discusión, luego de la aprobación del proyecto durante la Sesión desarrollada este martes 30, el edil von der Thusen volvió a reclamar abiertamente por la presencia de los funcionarios municipales en las comisiones, en respuesta a las palabras de su par Paulino Rossi, quien se opuso a la iniciativa.
Uno de los puntos clave del proyecto quedó estipulado en el Artículo 1, que explica que “ningún funcionario podrá excusarse en la no autorización que pudiera esgrimir una autoridad de mayor jerarquía dentro del organigrama al cual el citado funcionario pertenezca”; determinación que otorga mayor autonomía a los funcionarios de menor rango que sean citados por el Concejo Deliberante.
Con la aprobación del proyecto, ahora la decisión final estará en la promulgación o el veto para determinar si finalmente la normativa se hará efectiva o bien tendrá reparos por parte del Ejecutivo municipal.
