La semana pasada fue muy intensa en cuanto a información local, luego de la publicación del portal INFOBAE sobre la denuncia realizada por el abogado Francisco “Paco” Gimenez por acoso y abuso sexual contra el Intendente de la ciudad de Río Grande Gustavo Melella y hasta que este se presentara el viernes en la justicia para ponerse a derecho.
La causa, iniciada el 28 de agosto, a partir de una denuncia de Giménez por presuntas irregularidades en el manejo de la obra pública en favor de «empresas amigas» -Patagonia Construcciones y la de Marino Luis Vaquera- y de ahí se desprende que estas empresas habrían facturado a la municipalidad obras que no se realizaron, al ser llamados los denunciantes dijeron haber sido acosados y extorsionados sexualmente por Melella a cambio de trabajo.
Al llegar a la fiscalía, Candela pidió una serie de medidas relacionadas a la obra pública pero en cuanto al presunto abuso y acoso sexual dispuso el 10 de septiembre el archivo de lo denunciado por Mario porque al momento de declarar como testigo, no había instado la acción penal contra el intendente. En ese mismo dictamen, desestimó las declaraciones de Rivas y Suasnabar, sin disponer ninguna medida de prueba. Pese a los detalles explícitos de las testimoniales, consideró que «no hubo delito”.
Una vez publicada la noticia, se empiezan a conocer más detalles que se agregan a la causa, audios y mensajes de whatsapp donde se escucha una voz (si bien hay que hacer las pericias, es bastante claro que es la de intendente) reclamando favores sexuales a los trabajadores para hacerles efectivo los pagos desde el municipio.
Ahora bien, todos tenemos bien en claro que la vida privada del intendente Melella no se está cuestionando el mismo declaró “Mi vida privada es mía” al salir de tribunales. Lo que se debe investigar es en que contexto se dió lo denunciado por las víctimas, es decir que valor le da la justicia a los audios, textos y dichos de los denunciantes sobre que no les va a pagar las presuntas obras si no acceden a los favores sexuales.
Después de idas y vueltas, de discusiones sobre por que no se hicieron las pericias de los teléfonos de las víctimas y del denunciado o porque no se pidieron más pruebas sobre los hechos, apareció el Fiscal Mayor del Distrito judicial Norte Guillermo Quadrini (en el momento de la denuncia estaba de licencia) que ordenó se lo investigue a Melella por el delito de abuso y acoso sexual y agregó que se soliciten informes a las compañías telefónicas a las que pertenecen los teléfonos de la víctima y el imputado, con la finalidad de comprobar si las comunicaciones están relacionadas con la investigación.
Ahora es la justicia, o mejor dicho quienes imparten justicia, los que deberán demostrar si están a la altura de las circunstancias acelerando la investigación para que se sepa cuanto antes la verdad habida cuenta que ademas de ser una cuestión judicial también es política ya que el principal investigado es el jefe comunal de la ciudad y seguramente candidato a gobernar la provincia en las próximas elecciones.
