Director del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN). Fueguino

La actividad legislativa volvió al ruedo el pasado lunes. En su discurso inaugural, el presidente Alberto Fernández, buscó trazar la hoja de ruta de su administración para el 2021. Entre balances y proyecciones, la discusión sobre el rumbo económico de nuestro país iba a tener un lugar preponderante.

En primera instancia, el presidente buscó separar las causas de la pobre performance de nuestra economía durante 2020 diferenciando entre los efectos de la pandemia del covid-19 y la herencia del gobierno de Mauricio Macri.

En lo referido a las responsabilidades del gobierno anterior, no faltaron los argumentos conocidos: la fuga de divisas, el incremento de la pobreza, recesión y desempleo. Es evidente que entrar a una pandemia en plena caída libre dificulta el margen de maniobra de cualquier gobierno para contener los efectos de la misma.

Ahora, en lo vinculado a la gestión 2020 y en el marco de la convulsión generada por el covid, Fernández reconoció que, durante su primer año de gestión, la pobreza pasó del 35,5% al 40,9%. Sin embargo, no dudó en señalar que, en medio de este desplome, esta variable creció menos que durante el gobierno de Macri, con un contexto mucho más favorable.

Por otro lado, enfatizó que gracias a herramientas como el IFE y ATP, 2.7 millones de personas no cayeron en la pobreza y 4.6 millones no terminaron por debajo de la línea de indigencia. En este sentido, señaló que a través del plan Potenciar Trabajo se generarán 300.000 nuevos empleos en sectores de mano de obra intensiva. Así también se creará un programa nuevo para sumar a 30.000 jóvenes para que lleven adelante prácticas laborales en 10.000 pymes del país.

En lo concerniente a la inflación, Fernández valoró como positiva la caída de 18 puntos observada en 2020 con respecto a 2019. Si bien la baja es importante, se encuentra muy influenciada por el desplome económico producido por la pandemia y no por un plan integral anti inflacionario.

A la hora de explayarse sobre la necesaria reactivación económica que requiere el país, apuntó a la ya mencionada generación de empleo, con aumento en el salario real. Es decir, que la pauta salarial supere a la inflación. Esto es algo que el gobierno viene apuntalando en las últimas semanas y que, para lograrlo, necesariamente deberá reducir la tasa de devaluación para este año, dado que si la inflación se encuentra fogueada por el costo salarial y el de los insumos (pudiendo ser estos importados), para que el salario esté por encima de la inflación, esta última tiene que tener algún tipo de ancla, la cual debería estar ligada a contener un tipo de cambio que fue explosivo en los últimos años.

Más allá de esto, es difícil prever una suba del salario real para este año, sobre todo por la trayectoria de la inflación en nuestro pasado reciente y porque la pauta que se está fijando en paritarias es, a mi criterio, insuficiente para superar al devenir de los precios.

Por el lado de las tarifas de servicios públicos, el presidente afirmó que se buscará eliminar los componentes dolarizados de las mismas y se trabajará con un horizonte progresivo en la fijación de los precios, buscando que paguen más en proporción quienes tengan mejor capacidad patrimonial.

Para finalizar, respecto a las negociaciones con el FMI, Fernández dijo que las mismas no se llevaran de un modo apresurado ni en condiciones que requieran ajustes económicos que profundicen la recesión. A su vez destacó que el programa que se acuerde con el organismo internacional pasará por el Congreso Nacional.

El punto fuerte en este ítem es el vinculado a la querella criminal que iniciara el gobierno nacional contra la gestión previa de Macri por malversación de caudales y administración fraudulenta. Si bien desde sectores del progresismo nacional históricamente se propusieron mayores regulaciones a la toma desmedida de deuda externa y penalizaciones claras a los manejos irresponsables en este aspecto, esta declaración parece obedecer más al inicio de campaña por las elecciones de medio término que a un cambio real institucional para regular de manera estructural este problema recurrente en las ultimas décadas de nuestro país.

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