Director del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN). Fueguino

Si bien en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires la pandemia del coronavirus se encuentra en su hora más crítica, con un crecimiento inédito hasta aquí, por lo menos en lo referente a nuestro país; el gobierno nacional está comenzando a evaluar medidas para enfrentar lo que se viene después: una profunda crisis económica, de niveles aun imponderables.

Durante estos largos meses, el gobierno implementó una serie de medidas para resguardar los ingresos de las y los argentinos. Podríamos decir que el Ingreso Familiar de Emergencia, la transferencia de $10.000 pesos realizada para monotributistas, autónomos y personas que reciben la AUH o asignaciones por embarazo, es un buen termómetro de la paupérrima situación económica en nuestro país, dado que fue solicitado por 9 millones de personas, un 20% de la población total. Evidentemente, el prolongado estancamiento previo de nuestra economía contribuyó a que la situación sea mucho más delicada, lo cual requiere una intervención estatal importante para sostener ciertos niveles de actividad. De esta forma se estima que el Estado brinda ayuda económica a 9 de cada 10 hogares, vía sueldos de empleados públicos, jubilaciones y pensiones, y titulares de asignaciones familiares, sumando el IFE y el ATP (aporte del estado para el pago de sueldos en empresas en dificultades por el covid-19). Por otro lado, la situación mundial no será muy distinta. Según la OIT, se espera que 195 millones de personas queden sin empleo en todo el planeta por la crisis de la pandemia, por lo cual no será una crisis exclusivamente criolla.

En este sentido, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, explicó que se está trabajando en una especie de ingreso permanente que reemplace al IFE post-pandemia. Sería una suerte de ingreso ciudadano reducido, orientado a 3 millones de personas. Sin embargo, y a diferencia de países europeos que están implementando este tipo de medidas, Argentina adolece de otras problemáticas, no solamente relacionadas con el ingreso sino también con el acceso al trabajo formal y bien remunerado, y servicios públicos de calidad.

Por estos motivos, este ingreso no se llevaría a cabo como una política aislada, sino que se buscara que se complemente con otras medidas de reactivación. Por ello también se impulsará el programa Potenciar Trabajo, el cual busca reemplazar las asistencias económicas por trabajo social garantizado, y apuntalar 5 sectores en particular: pequeñas obras de infraestructura, producción textil y de alimentos, rubro de cuidados y, por último, recolección y reciclado de residuos. Todas actividades intensivas en mano de obra. Para finalizar, el circulo se completará con programas de urbanización, para atacar de forma integral las problemáticas estructurales y coyunturales que atraviesa nuestro país.

La gran pregunta es, ¿cómo se financiará? Esto aún es una incógnita, dado que las promesas del gobierno respecto al tratamiento de un impuesto único a la riqueza o reformas impositivas progresivas, por el momento no han pasado del plano de la retórica. Otro interrogante que puede surgir es si todo este desembolso de dinero puede traer alzas en los precios. La realidad es que, en este momento de caída en la producción a nivel general, estas políticas pueden servir de estímulo para revertir esta situación, por lo cual, a priori en esta coyuntura (de baja utilización de la capacidad instalada) no deberían generarse alzas inflacionarias por este motivo. En definitiva, los próximos meses serán claves, primeramente, para buscar aplanar de forma definitiva la curva de contagios y, luego, para hacer control de daños y evaluar que tan hondo caló una pandemia que desde lo sanitario y lo económico dejó en mayor vulnerabilidad a los mismos de siempre.

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