Director del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN). Fueguino

El flamante ministro de economía del gobierno nacional, Martin Guzmán, presentó, mediante el ministerio de economía, un proyecto de ley al Congreso en lineamiento con las directrices de Alberto Fernández en su discurso de asunción. El mismo busca declarar la emergencia económica en nuestro país para dotar al Ejecutivo Nacional mayor margen de maniobra a la hora de hacer política económica.

El escrito del ministerio de economía apunta a crear condiciones para la sostenibilidad del pago de la deuda, reestructurar el cuadro tarifario del sistema energético, promover la reactivación productiva, crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal, reformar con vocación redistributiva el esquema de haberes previsionales, mejorar el abastecimiento de medicamentos esenciales y, por último, reimpulsar la recuperación salarial.

La primer gran medida anunciada es el congelamiento de las tarifas energéticas por un plazo de 6 meses, con el objetivo, en primer lugar, de rever en su integralidad las condiciones en las que se brinda el servicio, revisar el modo en que se asignan los precios a los consumidores y arribar a un esquema tarifario optimo en donde se protejan los ingresos de quienes menos tienen. 

Por otro lado, se llevará adelante un plan de regularización de obligaciones tributarias para las MIPYMES y se esbozaran una serie de reintegros para los sectores sociales más postergados en los últimos años. Aun no se encuentra bien en claro cómo se reglamentará este último ítem, pero estará a cargo de la AFIP en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y el ANSES.

En cuanto al impuesto a los bienes personales, el proyecto señala que se retornará a las alícuotas de 2015, cumpliendo las siguientes escalas:

Para el caso de los bienes situados en el exterior, la alícuota podrá ser hasta un 100% superior que las enunciadas en el cuadro anterior. Esto se lleva adelante con el fin de repatriar el patrimonio ubicado en el extranjero.

En donde se desató la polémica es en el denominado Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), el cual se aplica para: la compra de divisas en moneda extranjera (dólares, por ejemplo) para atesoramiento, compra de bienes y servicios efectuados en el exterior (incluidas las compras en sitios web) en moneda extranjera, compra de servicios de transporte con destino fuera del país, entre otras transacciones. La alícuota será de un 30% de dichas operatorias, con posibilidad de reducción, suspensión o restitución en función de las condiciones macroeconómicas. La utilización de esos fondos será destinada en un 70% para financiar programas de ANSES y en un 30% para obras de infraestructura.

En mi opinión personal, la mayor motivación del Gobierno Nacional para implementar este impuesto es la búsqueda de la sustitución de hábitos de consumo y ahorro en las y los argentinos. En un segundo plano, se encuentra la necesidad de cuidar de forma contundente la disponibilidad de divisas, con el ojo puesto en el pago de la deuda externa. Por último, se encuentra el ánimo recaudatorio. La realidad es que este impuesto no será tan determinante para las arcas públicas como lo son los de mayor peso (IVA, contribuciones a la seguridad social, derechos de exportación). Por ende, lo que se busca es dar un mensaje a los acreedores y a la población en general sobre la necesidad de austeridad y moderación en el consumo de divisas, y el objetivo de mayor sostenibilidad externa para el pago de la deuda. Esta medida es, probablemente, la que mayor descontento genera en la clase media, la cual ya venía golpeada por las sucesivas devaluaciones del gobierno anterior.

Otra de las medidas propuestas que levantó revuelo, en este caso en el campo, es el incremento en las retenciones. Las mismas pasaran a ser de un 33% para los porotos de soja y 15% para aquellos bienes primarios que no estaban sujetos a retenciones al 2 de septiembre de 2018. En el caso de los bienes agroindustriales e industriales, los derechos de exportación no podrán superar el 5%.

Por otro lado, existe desconfianza en torno a la suspensión por 6 meses del mecanismo que asigna las jubilaciones, sancionado en la reforma previsional de 2017. En este caso, el Ejecutivo Nacional deberá revisar cada 3 meses el pago de haberes jubilatorios y actualizarlo en base a criterios aun no establecidos. La idea central es construir un nuevo indicador que ayude a determinar los montos luego de pasados estos 6 meses de revisión. A priori, se especuló mucho sobre esto, pero la realidad es que aún no se conoce que sucederá y si se mejorará o no la situación de los jubilados. En base a las declaraciones del presidente resulta dudoso pensar en un ajuste a este sector social, pero habrá que esperar para ver concretamente como resuelve este tema el gobierno nacional.

Por último, se declara la emergencia sanitaria, instando al Ministerio de Salud a que acuerde junto con el Consejo Federal de Salud un Plan Federal de Salud en vías de tratar las principales problemáticas en esta temática. A su vez, se le da la potestad al Ministerio de Salud para monitorear los precios de los medicamentos e insumos del sector y de alternativas de importación directa.

En las últimas horas se instaló el debate sobre el desdoblamiento del tipo de cambio que supone el impuesto PAIS. Se trata en definitiva de eso, un dólar paralelo. ¿Por qué no se devaluó directamente? Considero que el desdoblamiento es más efectivo para contener alzas inflacionarias, por lo menos en los rubros más sensibles de la economía. El campo, además de las retenciones, recibirá por la liquidación de los dólares que traiga fruto de sus exportaciones, una cantidad de pesos que responde al tipo de cambio oficial, el cual no ha tenido alzas. Por otro lado, la industria, que depende en buena parte de insumos importados, podrá realizar sus compras al exterior también al tipo de cambio oficial. En ambos casos se evita la escalada inflacionaria que podría suceder en una devaluación convencional, generando una especie de subsidio al sector industrial en parte financiado por el campo. Habrá que ver como se atienden los reclamos de los pequeños productores vinculados al agro, los cuales tienen una función de costos totalmente distinta a los grandes pooles de siembra. A priori los mercados internacionales están reaccionando positivamente a este paquete de medidas, que augura una mayor sostenibilidad de las variables macro. La incógnita es si puertas adentro de nuestro país es sostenible este tipo de medidas. En función de cómo evolucionen los indicadores de bienestar, sobre todo en los sectores más golpeados durante el gobierno anterior, se podrá generar un contrapeso al malestar ocasionado en los sectores medios/ medio-altos.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here